Medusa alcanza ficha clave del Gobierno, mientras hay tolerancia presidencial con algunos corruptos.

Por Elba García

No hay mejor recurso político que  actuar frente a las acusaciones en contra de funcionarios supuestamente involucrados en actos de corrupción que acogerse a un principio universal del derecho que es  la presunción de inocencia.

Por lo menos en lo que respecta a los dos últimos escándalos que involucran a figuras importantes del Gobierno,  el presidente Abinader no ha dicho esta boca es mía y la tolerancia del  mandatario tiene que ver con los casos de Neney Cabrera, quien aparentemente ha malversado  más de 158 millones de pesos en un programa que llevó como nombre «Pinta tu Casa» y más recientemente el involucramiento del ministro Administrativo  de la Presidencia, Lisandro Macarrulla Tavarez, en el caso Medusa, ya que es parte de una empresa favorecida con algunas contratas durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General  de la República.

Aunque ciertamente todavía falta un veredicto de un tribunal competente sobre el expediente y la acusación formulada por el Ministerio Público, lo cierto es que el solo hecho de que Macarrulla Tavarez esté involucrado en los hechos es una razón más que suficiente para que sea desvinculado de sus funciones gubernamentales hasta que el caso esté irrevocablemente juzgado.

Esto es así en virtud de que el propio Lisandro Macarrulla dejó claro en una entrevista concedida a un programa de televisión de que es corresponsable  de cualquier irregularidad que se haya producido en la empresa de la familia, la cual es presidida en la actualidad por su hijo Lisandro Macarrulloa Martínez y quien forma parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público.

Todos estos detalles, aunque no implican una condena en contra del hijo de una figura tan importante del Gobierno, ya que  no ha sido condenado  en el caso, porque todavía no se ha producido el juicio preliminar y menos el de fondo, pero los pormenores ofrecidos por el órgano persecutor por lo menos  impone que el referido funcionario sea apartado transitoriamente del cargo.

Sin embargo, no parece que esta medida  se pueda  producir, ya que el presidente aparenta  haber entrado en una etapa de tolerancia con aquellos funcionarios de su gobierno que en realidad no es tan fácil deshacerse de ellos.

Abinader nunca se ha referido al caso Macarrulla, pese a que hace mucho tiempo que el tema ha sido parte del debate nacional, sobre todo por la cantidad de dinero involucrada en los actos de corrupción que se le atribuyen a Jean Alain Rodríguez y en los que parece haber jugado un papel importante la familia Macurrulla, cuya cabeza es el ministro Administrativo de la Presidencia.

El otro asunto  que se  produce con este funcionario  es su estrecho vínculo, podría decirse que es una quinta columna del más poderoso grupo económico del país, como lo es la familia Vicini, el cual además tiene otros cuadros importantes dentro del Gobierno de Luis Abinader.

El otorgamiento de contratos sobre la base de la corrupción a la familia Macarrulla anula la legalidad y la legitimidad de la posición que ocupa en el Gobierno de Luis Abinader y del Partido  Revolucionario Moderno (PRM) el funcionario  en cuestión, cuya conducta trae consigo la expresión de que es más de lo mismo y que en realidad no ha habido ningún cambio.

Los casos de Neney Cabrera  y Lisandro Macarrulla le han tumbado el pulso a Luis Abinader, ya que queda demostrado que los intereses pesan más que las supuestas buenas intenciones y que en consecuencia frente a los personajes involucrados,  tal vez vale más la pena desde  la perspectiva política mirar para otro lado.

Sin lugar a dudas que la tolerancia del Gobierno con por lo menos estos casos constituye  un gran reto para el presidente Abinader que deja  la sensación que la lucha en contra de la red de corrupción que amenaza la estabilidad del país tiene fronteras, tiene sus límites, los cuales comienzan cuando se llega hasta grupos considerados sagrados en la sociedad dominicana.

Ahora bien, la evidente tolerancia con estos funcionarios podría ser el inicio en el país del total desmonte de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, porque si bien el Ministerio Público parece hacer su trabajo para por lo menos disminuir estos flagelos, lo cierto es que si no existe la voluntad política del Poder Ejecutivo el problema tomaría cuerpo y los esfuerzos serían en vano.

Siempre se ha dicho que en el combate de la corrupción pública y privada hay mucho de simulación y doble moral y que los resultados no  pasarán del contexto de una cultura de tolerancia  a nivel de las instancias del Estado que deben combatirla, como el sistema de justicia  y los poderes  legislativo, ejecutivo y judicial.

La sociedad dominicana está a la espera de que el cambio pregonado por el partido hoy en el poder no sea sólo una arma para continuar con la promoción con lo que nunca debía ocurrir si en realidad se busca justicia social y acabar con la pobreza y la desigualdad.

La última palabra sobre el caso Neney Cabrera y  Lisandro Macurrulla pesa  sobre los hombros y la conciencia del presidente Luis Abinader, quien con lo que disponga dejará claro si está o no atado a los grupos económicos o a los intereses de las grandes mayorías nacionales.