Sale a Superficie Enlodamiento Suprema Corte de Justicia y Bellaquería Política en el país.  

Por Elba García

En la República Dominicana ocurren cosas que cualquiera no se atreve a pensar que pasen en ninguna otra sociedad y se trata de la escogencia de jueces seriamente comprometidos con el partidarismo político, cuyos actores han demostrado hasta la saciedad que están dispuestos a hacer cualquier cosa, no importa que sea algo ilegal o anti-ético.

En estos días ha continuado la ventilación del juicio en contra de los imputados del caso Odebrecht, cuyos acusados son supuestamente responsables de crear lo que el Código Penal define como asociación de malhechores para estafar al Estado.

Era una fórmula que buscaba la aprobación de  las obras públicas mediante el soborno de los legisladores y otros funcionarios del Estado y al propio tiempo incurrir en otro ilícito penal como es la sobrevaluación de las mismas en cantidades que alcanzaban los miles de millones de dólares.

Todo esto fue parte de la discusión a propósito del Consejo Nacional de la Magistratura  avocarse a conocer la escogencia de las  altas cortes, entre las que está la Suprema Corte de Justicia, a fin de que fueran seleccionados  jueces de carrera y no aquellos aspirantes con compromisos partidistas.

Sin embargo, nada de eso ocurrió en virtud de que cada gobierno prefiere  escoger como jueces a profesionales del derecho identificado con el partido en el poder  para manipular los casos de acusación por corrupción en contra de importantes funcionarios, lo que ha puesto de moda en la judicatura nacional el famoso archivo definitivo.

La Suprema Corte de Justicia, presidida por un hombre que definitivamente no tiene los méritos para ocupar tan importante posición, ahora está en el fuego cruzado de los imputados y de los que abogan por jueces de carrera, en virtud de que se ha podido confirmar que presidió la campaña de uno de los acusados, el senador de San Cristóbal, Tommy Galán.

Galán es acusado de haber recibido soborno para que promoviera en el Congreso Nacional la aprobación por parte de los legisladores de las obras sobrevaluadas  en favor de la multinacional ODEBRECHT, cuyas consecuencias han sido, podría decirse, catastróficas para la clase política, máxime de los países latinoamericanos, aunque también de otros lugares del mundo.

En el conocimiento del juicio de fondo se le solicitó al presidente  de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, inhibirse ante el hecho de que Odebrecht financió la campana de Galán y que en consecuencia él también es responsable de los fondos manejados en las elecciones  del 2016 y aportados por la corrupta empresa brasileña.

Pero Molina no acogió la solicitud en ese sentido y en consecuencia se ha presentado una recusación en su contra y de un total de cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia por variadas razones, cuya ley orgánica consigna que para ventilar  cualquier recurso de esta naturaleza debe ser conocido por lo menos por 12 de los que conforman el más alto tribunal del país.

Lo establecido en el artículo 20 de la referida ley crea la situación de que la SCJ está compelida a subir dos jueces de las cortes de apelaciones, que es un grado inferior, para conocer la recusación en contra de cinco de sus miembros, ya que su matrícula es sólo de 15, lo cual impide sesionar para esos fines  porque la misma tiene 5 menos que por lo que  solo quedan diez que no hacen el quorum requerido y que para tal propósito no pueden ser menos de doce.

La cuestión es que con el juicio de fondo en el caso Odebrecht ha quedado más que demostrado que la escogencia de abogados vinculados al partidarismo político, no jueces de carrera, crea una mayor falta de credibilidad en el sistema de justicia nacional, lo cual se constituye en un peligro para el estado de derecho.

El juicio de fondo de los imputados en el caso Odebrecht está pautado para continuar hoy miércoles, pero la recusación parece constituirse en un gran escollo para que el mismo continúe su curso.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene el aval en lo que respecta a ejercicio profesional para ocupar tan delicada posición, sobre todo porque fue llevado allí para defender los intereses del Gobierno y al propio tiempo, es lo que muchos creen, para que le de continuación a la política de impunidad promovida desde las más altas instancias del Poder Ejecutivo, cuyo jefe, el presidente Danilo Medina, ha querido emular la articulación hecha en la justicia dominicana por parte de su antecesor Leonel Fernández, quien es víctima ahora de la misma trampa que concibió en favor de los suyos y en contra de los demás que conforman el tinglado político de oposición.