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Recurso de Apelación de imputados en caso Anti-Pulpo volverá a Corte 27 de este mes
Santo Domingo, RD.-Sera el 27 de este mes cuando se conocerá en la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional un recurso de apelación interpuesto por el imputado José Dolores Santana Carmona, con el cual busca obtener su libertad, en cuyo caso figura como principal involucrado un hermano del expresidente Danilo Medina.
El tribunal convocó al imputado al tribunal a las 9:00 de la mañana de ese día, al conocimiento del recurso de apelación en contra de la decisión que lo envía a prisión por su implicación en el caso de la Operación Anti Pulpo.
El recurso fue interpuesto por Santana Carmona a través de su equipo de abogados encabezado por Rubén Puntiel, en contra de la decisión dictada por el entonces juez del juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, José Alejandro Vargas, quien luego pasó como juez al Tribunal Constitucional.
En la instancia la defensa de Santana Carmona solicita al tribunal rechazar la imposición de prisión preventiva como medida de coerción y ordenar la libertad pura y simple de su defendido y que en consecuencia se aplique una medida menos gravosa.
En torno al caso, además, fueron enviados a prisión Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper), Fernando Rosa y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Igualmente, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Julián Esteban Suriel Suazo, empero, luego se varió su prisión preventiva, por arresto domiciliario atendiendo a una solicitud del ministerio público.
Asimismo, figuran como imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República. Estos tres imputados se encuentran bajo arresto domiciliario.
Operación Anti Pulpo
Se conoce como “Operación Anti Pulpo” a la serie de apresamientos y allanamientos llevado realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a 10 exfuncionarios del pasado gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Están acusados de presuntamente malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones desde el 2012 hasta el 2020. Son señalados por corrupción administrativa y “proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas”.
CLAVES
Investigación.
Este proceso de investigación ha sido liderado por el magistrado Wilson Camacho, titular de la (Pepca), junto a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora General de Persecución.
Medida coerción.
El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción por ante el Juez Vargas, a pocas horas de finalizar el plazo establecido en el debido proceso quien posteriormente el 1 de diciembre de 2020 conoció dicha solicitud.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.