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Caso Ramírez recuerda otros asesinatos vinculados a funcionarios OMSA y el escándalo de OISOE que provocó suicidio arquitecto
Olga Diná Llavería, Fiscal de la Provincia Santo Dgo. Este
Foto:Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha:30/05/2012
Entre los funcionarios denunciados por corrupción por la entidad que dirigía Yuniol Ramírez Ferreras se encuentran el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Recientemente Ramírez Ferreras se había referido a través de medios de comunicación sobre la situación de la OMSA y los supuestos casos de corrupción que afectaban a esa entidad del Estado dominicano.
Santo Domingo, República Dominicana.- La muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez es el segundo caso de asesinato en el que se ven involucrados funcionarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
El primero fue el caso de la acusación contra el subdirector de esa entidad y presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), el dirigente del PLD Arsenio Quevedo, quien se encuentra preso y sometido a la justicia junto al ex regidor Ericson de los Santos, dirigente del PRD.
Ver: Todo sobre caso OMSA Arsesino Quevedo y Ericson de los Santos
Asimismo, la tragedia que costó la vida al profesor Yuniol Ramírez, según las versiones oficiales por investigar un caso de corrupción en la OMSA, viene a sumarse al escándalo de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que en el año 2015 provocó el suicidio del arquitecto David Rodríguez García.
Las explicaciones oficiales sobre el asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras
Este domingo la Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, informó que el director de la OMSA y dos subalternos fueron detenidos por el secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, quien al parecer extorsionaba al primero. La funcionaria no entró en mayores detalles, pero otras fuentes aseguran que Ramírez habría descubierto prácticas de corrupción en la OMSA y que preparaba un expediente para someter a la justicia a Rivas y otros funcionarios.
Por el asesinato de Yuniol Ramírez, abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), están detenidos el director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; el director financiero de la misma, Faustino Rosario Díaz, quien además es coronel de la Policía, y el también empleado de la OMSA José Antonio Mercado Blanco.
También está bajo arresto el comerciante Eddy Rafael Santana Zorrilla.
La fiscal informó se persigue con fines de arresto al empleado de OMSA Argenis Contreras González, quien junto a Mercado Blanco, son los principales acusados de ejecutar el asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez Ferreras.
Según las investigaciones Contreras González y Mercado Blanco se presentaron el pasado miércoles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde el abogado impartía docencia, para secuestrarle y luego asesinarle.
El cadáver de Ramírez Ferreras, quien dirigía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue encontrado el jueves en un río con dos bloques de construcción atados al cuello con una cadena y una herida de bala en la cabeza.
Contreras González habría huido de República Dominicana, por lo que las autoridades solicitarán su captura internacional a través de la Interpol.
La fiscal Diná Llaverías apuntó que los datos preliminares de la investigación indican que presuntamente Ramírez Ferreras extorsionaba al director de la OMSA, quien pidió a Santana Zorrilla interceder para que, de ser necesario, acordara con el abogado “el pago de alguna suma de dinero a cambio de que desistiera de acciones legales que había iniciado”.
La víctima había denunciado diferentes casos relacionados con corrupción que generaron gran controversia en el país y fue precandidato al Senado en las pasadas elecciones por el Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) para representar a su provincia natal, San Juan de la Maguana. Entre los funcionarios denunciados por corrupción por la entidad que dirigía Yuniol Ramírez Ferreras se encuentran el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Recientemente Ramírez Ferreras se había referido a través de medios de comunicación sobre la situación de la OMSA y los supuestos casos de corrupción que afectaban a esa entidad del Estado dominicano.
acento.com.do
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.