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Caso Ramírez recuerda otros asesinatos vinculados a funcionarios OMSA y el escándalo de OISOE que provocó suicidio arquitecto
Olga Diná Llavería, Fiscal de la Provincia Santo Dgo. Este
Foto:Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha:30/05/2012
Entre los funcionarios denunciados por corrupción por la entidad que dirigía Yuniol Ramírez Ferreras se encuentran el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Recientemente Ramírez Ferreras se había referido a través de medios de comunicación sobre la situación de la OMSA y los supuestos casos de corrupción que afectaban a esa entidad del Estado dominicano.
Santo Domingo, República Dominicana.- La muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez es el segundo caso de asesinato en el que se ven involucrados funcionarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
El primero fue el caso de la acusación contra el subdirector de esa entidad y presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), el dirigente del PLD Arsenio Quevedo, quien se encuentra preso y sometido a la justicia junto al ex regidor Ericson de los Santos, dirigente del PRD.
Ver: Todo sobre caso OMSA Arsesino Quevedo y Ericson de los Santos
Asimismo, la tragedia que costó la vida al profesor Yuniol Ramírez, según las versiones oficiales por investigar un caso de corrupción en la OMSA, viene a sumarse al escándalo de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que en el año 2015 provocó el suicidio del arquitecto David Rodríguez García.
Las explicaciones oficiales sobre el asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras
Este domingo la Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, informó que el director de la OMSA y dos subalternos fueron detenidos por el secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, quien al parecer extorsionaba al primero. La funcionaria no entró en mayores detalles, pero otras fuentes aseguran que Ramírez habría descubierto prácticas de corrupción en la OMSA y que preparaba un expediente para someter a la justicia a Rivas y otros funcionarios.
Por el asesinato de Yuniol Ramírez, abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), están detenidos el director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; el director financiero de la misma, Faustino Rosario Díaz, quien además es coronel de la Policía, y el también empleado de la OMSA José Antonio Mercado Blanco.
También está bajo arresto el comerciante Eddy Rafael Santana Zorrilla.
La fiscal informó se persigue con fines de arresto al empleado de OMSA Argenis Contreras González, quien junto a Mercado Blanco, son los principales acusados de ejecutar el asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez Ferreras.
Según las investigaciones Contreras González y Mercado Blanco se presentaron el pasado miércoles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde el abogado impartía docencia, para secuestrarle y luego asesinarle.
El cadáver de Ramírez Ferreras, quien dirigía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue encontrado el jueves en un río con dos bloques de construcción atados al cuello con una cadena y una herida de bala en la cabeza.
Contreras González habría huido de República Dominicana, por lo que las autoridades solicitarán su captura internacional a través de la Interpol.
La fiscal Diná Llaverías apuntó que los datos preliminares de la investigación indican que presuntamente Ramírez Ferreras extorsionaba al director de la OMSA, quien pidió a Santana Zorrilla interceder para que, de ser necesario, acordara con el abogado “el pago de alguna suma de dinero a cambio de que desistiera de acciones legales que había iniciado”.
La víctima había denunciado diferentes casos relacionados con corrupción que generaron gran controversia en el país y fue precandidato al Senado en las pasadas elecciones por el Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) para representar a su provincia natal, San Juan de la Maguana. Entre los funcionarios denunciados por corrupción por la entidad que dirigía Yuniol Ramírez Ferreras se encuentran el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Recientemente Ramírez Ferreras se había referido a través de medios de comunicación sobre la situación de la OMSA y los supuestos casos de corrupción que afectaban a esa entidad del Estado dominicano.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.