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La Pepca en epicentro de la justicia con procesos sobre corrupción administrativa.
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) lleva la cruz más pesada en su lucha por procesar legalmente a una serie de personajes que han ido al Estado a tomar para ellos lo que no es suyo.
La cantidad de allanamientos y arrestos realizados por el Ministerio Público para desmantelar presuntas redes de corrupción, ha representado una gran responsabilidad para el Pepca.
El ministerio público ha judicializado cinco grandes expedientes sobre presuntos actos de corrupción administrativa, desmantelados mediante operaciones realizadas en el último año. Los procesos penales están todavía en fase de instrucción, la mayoría con medida de coerción.
Pero la Pepca, que dirige el procurador adjunto Wilson Camacho, e integran un grupo de fiscales, no trabaja sola ni aislada, sino que va de la mano con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a cuya unidad está adscrita, dirigida por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y siguiendo las directrices de la procuradora general Miriam Germán Brito, que es la cabeza del Ministerio Público.
Cinco grandes casos
Son casos complejos, con implicaciones nunca vistas en el país, dada la multiplicidad de los delitos, el elevado número de imputados y las funciones públicas que desempeñaban los implicados. La responsabilidad penal en estos casos corresponde determinarla a los jueces, en base a las pruebas que presente el órgano acusador.
Como cabeza de esos presuntos entramados de corrupción han sido señalados, en primer lugar, Alexis Medina, un hermano del expresidente de la República Danilo Medina (Operación antipulpo); Adam Cáceres Silvestre, el jefe de seguridad del exmandatario (Caso Coral); el exdirector de la Lotería Nacional en el actual gobierno de Luis Abinader, Luis Maisichell Dicent (Operaciòn 13); el exprocurador Jean Alain Rodríguez (Caso Medusa) y en el más reciente, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou (caso coral 5G).
A la par con esos casos, la Pepca ha sido apoderada de denuncias sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios del presente gobierno, que se encuentran en fase de investigación. Para citar algunos, están las presuntas irregularidades en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), por lo cual su director, Adan Peguero, fue suspendido del cargo; en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que motivó la destitución de su director Cecilio Rodríguez, y en el Ministerio de la Juventud, cuyas irregularidades fueron denunciadas por el destituido consultor jurídico, José Manuel Vidal Tejada, en contra de la ministra, Luz del Alba Jiménez.
¿Qué es la Pepca?
La Pepca es la procuraduría especializada para “detectar, investigar, someter y sostener la acción penal pública de hechos que implican actos de corrupción dentro de la administración pública”. Así está definida en la resolución aprobada por el Consejo Superior del Ministerio Público, el 25 de julio de 2019, que elevó el antiguo Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) a procuraduría especializada, como una dependencia directa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Las procuradurías especializadas, según establece la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, son “órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del director general de persecución”. Son creadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, órgano de gobierno que preside la procuradora general de la República.
El titular de la Pepca es uno de los 14 procuradores adjuntos, cuya mitad son designados por el Procurador general y la otra mitad por decreto del Presidente de la República.
Sepa más
Procuradores.
A pocos días de asumir el cargo de Procuradora General, en agosto de 2020, Germán Brito designó a los siete procuradores adjuntos que le faculta la ley 133-11, entre ellos a Wilson Camacho.
Designaciones.
Más tarde, en septiembre 2020, Camacho fue designado titular de la Pepca por el Consejo Superior del Ministerio Público. También Germán Brito nombró a Berenice Reynoso al frente de la Direccion Gener de Persecución.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
Santo Domingo. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.
Al motivar la aprobación de dicha legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.
“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.
El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.
OTROS TEMAS APROBADOS
El Pleno aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.
Además, se sancionó en única lectura el proyecto que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, presentado por el senador Julito Fulcar.
Durante la sesión extraordinaria de este sábado, se ratificó a Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente en el Reino Hachemita de Jordania (con sede en Egipto).
Primera Lectura
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley sobre los Actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2020.
Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió directamente la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, un caso que ha generado profunda conmoción a nivel nacional.
La información fue confirmada por la senadora Ginette Bournigal, quien explicó que la decisión busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos, técnicos y forenses del Estado para esclarecer los hechos.
Mientras avanzan las indagatorias, el abuelo paterno de la menor, Braulio González, confirmó la noche de este viernes que los dos tíos de la niña, quienes figuraban como sospechosos en el proceso, fueron puestos en libertad por las autoridades.
González relató que durante este sábado acudió a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, donde fue informado de manera oficial de que Rafael Rosario Núñez (52 años) y Reyes Núñez Rosario (43 años) habían sido liberados la noche del jueves.
Al solicitar detalles, indicó que representantes del Ministerio Público le comunicaron que el caso continúa bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis siguen en curso.
Visiblemente afectado, el abuelo de la menor expresó entre lágrimas su angustia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.
- «Yo solo quiero que las autoridades me den un voto de fe. Si esas personas son culpables, que paguen. Yo no duermo, estoy viviendo una pesadilla. Todavía albergo la esperanza de que mi niña esté con vida, pero si no es así, por lo menos quiero que aparezca su cuerpecito para poder enterrarla y tener un poco de paz», manifestó González.
Medida de coerción pendiente
Fuentes ligadas a la investigación informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción, ya que se encuentra en proceso de validación de las evidencias recopiladas.
Las autoridades aseguran que la demora responde a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien sustentado.
Antecedentes del caso
La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 p. m., cuando se encontraba en el patio de la vivienda de su bisabuela paterna, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.
Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona montañosa y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.
Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario, quienes posteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con reportes preliminares, ambos habrían ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.
Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han realizado operativos en zonas boscosas, cañadas y vertederos de Imbert y comunidades cercanas, sin lograr dar con el paradero de la infante.
El caso mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares de la menor, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este doloroso hecho.