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La Pepca en epicentro de la justicia con procesos sobre corrupción administrativa.
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) lleva la cruz más pesada en su lucha por procesar legalmente a una serie de personajes que han ido al Estado a tomar para ellos lo que no es suyo.
La cantidad de allanamientos y arrestos realizados por el Ministerio Público para desmantelar presuntas redes de corrupción, ha representado una gran responsabilidad para el Pepca.
El ministerio público ha judicializado cinco grandes expedientes sobre presuntos actos de corrupción administrativa, desmantelados mediante operaciones realizadas en el último año. Los procesos penales están todavía en fase de instrucción, la mayoría con medida de coerción.
Pero la Pepca, que dirige el procurador adjunto Wilson Camacho, e integran un grupo de fiscales, no trabaja sola ni aislada, sino que va de la mano con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a cuya unidad está adscrita, dirigida por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y siguiendo las directrices de la procuradora general Miriam Germán Brito, que es la cabeza del Ministerio Público.
Cinco grandes casos
Son casos complejos, con implicaciones nunca vistas en el país, dada la multiplicidad de los delitos, el elevado número de imputados y las funciones públicas que desempeñaban los implicados. La responsabilidad penal en estos casos corresponde determinarla a los jueces, en base a las pruebas que presente el órgano acusador.
Como cabeza de esos presuntos entramados de corrupción han sido señalados, en primer lugar, Alexis Medina, un hermano del expresidente de la República Danilo Medina (Operación antipulpo); Adam Cáceres Silvestre, el jefe de seguridad del exmandatario (Caso Coral); el exdirector de la Lotería Nacional en el actual gobierno de Luis Abinader, Luis Maisichell Dicent (Operaciòn 13); el exprocurador Jean Alain Rodríguez (Caso Medusa) y en el más reciente, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou (caso coral 5G).
A la par con esos casos, la Pepca ha sido apoderada de denuncias sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios del presente gobierno, que se encuentran en fase de investigación. Para citar algunos, están las presuntas irregularidades en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), por lo cual su director, Adan Peguero, fue suspendido del cargo; en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que motivó la destitución de su director Cecilio Rodríguez, y en el Ministerio de la Juventud, cuyas irregularidades fueron denunciadas por el destituido consultor jurídico, José Manuel Vidal Tejada, en contra de la ministra, Luz del Alba Jiménez.
¿Qué es la Pepca?
La Pepca es la procuraduría especializada para “detectar, investigar, someter y sostener la acción penal pública de hechos que implican actos de corrupción dentro de la administración pública”. Así está definida en la resolución aprobada por el Consejo Superior del Ministerio Público, el 25 de julio de 2019, que elevó el antiguo Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) a procuraduría especializada, como una dependencia directa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Las procuradurías especializadas, según establece la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, son “órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del director general de persecución”. Son creadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, órgano de gobierno que preside la procuradora general de la República.
El titular de la Pepca es uno de los 14 procuradores adjuntos, cuya mitad son designados por el Procurador general y la otra mitad por decreto del Presidente de la República.
Sepa más
Procuradores.
A pocos días de asumir el cargo de Procuradora General, en agosto de 2020, Germán Brito designó a los siete procuradores adjuntos que le faculta la ley 133-11, entre ellos a Wilson Camacho.
Designaciones.
Más tarde, en septiembre 2020, Camacho fue designado titular de la Pepca por el Consejo Superior del Ministerio Público. También Germán Brito nombró a Berenice Reynoso al frente de la Direccion Gener de Persecución.
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La entrega de dinero por soborno a fiscal fue parte del plan concebido por Procuraduría para su apresamiento.
Santo Domingo, R.D.-El proceso de investigacion que terminó con el apresamiento por sobornos del fiscal Aulerio Valdez Alcántara por supuestmente recibir 10 mil dólares fue montaedo por la Procuraduria General de la Republica mediante una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Es un testigo en el caso Senasa a quien el fiscal le habría pidido dinero, un reloj y un auto.
Santo Domingo, R.D.-Roberto Canaán, imputado en el caso Senasa, a quien el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido los diez mil dálares, un reloj y un anto, cuyo monto total solicitado ascendia a 200 mil dólares, segun el expediente del Ministerio Publico.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.