Nacionales
CDP valora de positiva diputados despenalicen delitos de prensa en Código Penal
Aurelio Henríquez
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) valoró de “muy positiva” la decisión tomada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de excluir en la propuesta del nuevo Código Penal la penalización con cárcel a los delitos de prensa o Difamación e injuria.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, reiteró que la tendencia mundial gira en torno a despenalizar la difamación e injuria en todos los países y que además es inconstitucional de que una persona tenga que ir a la cárcel por el derecho a la palabra a través de los medios.
Reconoció el esfuerzo hecho por los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, quien en varias ocasiones ha escuchados las propuestas de los dirigentes del CDP y el SNTP, así como los directores de los principales medios de comunicación, que exigían y recomendaban la exclusión del nuevo Código Penal.
Sin embargo, recordó que estas propuestas también deben excluirse de la nueva propuesta de modificación de la Ley 6132, de Expresión y Difusión de Pensamiento.
El presidente del CDP confió que el Tribunal Constitucional, eliminará la los artículos del 29 al 37 la Ley 6132 que penalizan la difamación e injuria, pero que no sea eximido de responsabilidad civil a los ejecutivos de los medios de comunicación, como lo han solicitado en un recurso de inconstitucionalidad incoado ante ese tribunal, porque entonces estarían dejando solo al periodista, en caso de que un tribunal los condene por cometer algún acto de difamación e injuria a través de los medios de comunicación.
Confió en la sabiduría y sapiencia de los honorables magistrados del Tribunal Constitucional, de proteger la libertad de expresión y difusión del pensamiento de los ciudadanos y la seguridad a los periodistas quienes a diario cumplen con su rol de informar a través de los medios de comunicación con veracidad los hechos que ocurren en la sociedad
Reiteró que el periodista es un peón del ajedrez de la redacción de un medio informativo, lo que significa que a mayor cargo mayor es responsabilidad que deben tener los directores, ejecutivos y propietarios de los medios, que no pueden ser excluido de ninguna demanda civil que puedan hacerle por la publicación de una información que afecte la honra y la moral de una persona.
“Ningún periodista puede hacer por cuenta propia una información que no sea ordenada por un superior inmediato, que siempre obedecen a la línea informativa que la orienta el Director del medio, por lo tanto no debería excluirse de culpas”.
El presidente del CDP expresó que los periodistas son informadores públicos, pero las informaciones que redactan para los medios para por un filtro de un editor, corrector, un jefe de redacción y finalmente un director del medios, quien autoriza finalmente la publicación de una información que podría considerarse injuriosa o difamatoria.
Reiteró que en este caso el director tiene que cargar con mayor culpa, porque es el ente superior del medio quien autoriza la publicación, y es sobre el cual debe recaer la mayor responsabilidad civil en caso de que un juez encuentre culpable de difamación o injuriosa una información publicada en el medio.
Hace un llamado a todos los periodistas a defender junto al CDP sus espacios, y no dejarse acorralar por sus directores en los medios o no colocar su nombre en las informaciones que les ordenen hacer los directores.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.