Nacionales
Centros Sociales llaman a cumplir protocolo de renovación de los permisos migratorios
El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana instó a las autoridades migratorias a cumplir con la resolución dada por el Consejo Nacional de Migración y diseñar, lo más rápido posible, una propuesta de renovación de los carnets de regularización de extranjeros y extranjeras.
La entidad explicó que este procedimiento debe de hacerse siguiendo una metodología transparente, que incorpore la participación de los actores sociales y económicos del país y que dé garantías de no deportación a sus solicitantes mientras dure el proceso.
Detalló que al concluir la fecha límite establecida por la resolución del Consejo Nacional de Migración, Res. CNM 01/17, que instruyó a la Dirección General de Migración a elaborar, en un plazo de 30 días, un Protocolo para el procedimiento de renovación o cambio de categoría y de subcategorías migratorias a los beneficiarios del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los Centros Sociales de la compañía de Jesús (Solidaridad Fronteriza, CEFASA, Centro Bonó y el Servicio Jesuita con Migrantes en Jimaní) y otras organizaciones han solicitado en varias ocasiones reuniones con el Director General de Migración para conversar sobre el Protocolo de renovación del estatus migratorio de las personas que aplicaron a la regularización. Peticiones que han sido desoídas por parte de los organismos migratorios.
Agregó que a pesar de toda la publicidad levantada sobre el éxito rotundo del Plan, lo cierto es que los resultados alcanzados son frágiles y la incertidumbre prevalece entre decenas de miles de inmigrantes, muchos apenas registrados, y otros muchos más con un estatus migratorio incierto que ignora sus años de presencia en el territorio nacional.
“El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver. Al hacer un balance del PNRE, se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos; pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes y el Protocolo de renovación, que la Dirección General de Migración debía haber elaborado antes del 28 de agosto de este año por mandato del Consejo Nacional de Migración, podría haber sido una gran oportunidad para conseguirlo”, precisó la Red.
Las organizaciones de la sociedad civil también hacen un llamado sobre la necesidad de fortalecer el proceso de construcción del nuevo reglamento para la renovación de los permisos migratorios otorgados por el PNRE, esperando que el proceso de realización sea ágil, democrático y transparente, contando con diferentes representantes de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, empresarios, ONG´s y sindicatos.
Advirtió la Red que mantener las trabas administrativas, los requisitos cambiantes y excesivos, altos costos y la centralización de los trámites para renovar la tarjeta de regularización podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos años y alejándonos de las líneas básicas de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia de migración.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.