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Centros Sociales llaman a cumplir protocolo de renovación de los permisos migratorios
El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana instó a las autoridades migratorias a cumplir con la resolución dada por el Consejo Nacional de Migración y diseñar, lo más rápido posible, una propuesta de renovación de los carnets de regularización de extranjeros y extranjeras.
La entidad explicó que este procedimiento debe de hacerse siguiendo una metodología transparente, que incorpore la participación de los actores sociales y económicos del país y que dé garantías de no deportación a sus solicitantes mientras dure el proceso.
Detalló que al concluir la fecha límite establecida por la resolución del Consejo Nacional de Migración, Res. CNM 01/17, que instruyó a la Dirección General de Migración a elaborar, en un plazo de 30 días, un Protocolo para el procedimiento de renovación o cambio de categoría y de subcategorías migratorias a los beneficiarios del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los Centros Sociales de la compañía de Jesús (Solidaridad Fronteriza, CEFASA, Centro Bonó y el Servicio Jesuita con Migrantes en Jimaní) y otras organizaciones han solicitado en varias ocasiones reuniones con el Director General de Migración para conversar sobre el Protocolo de renovación del estatus migratorio de las personas que aplicaron a la regularización. Peticiones que han sido desoídas por parte de los organismos migratorios.
Agregó que a pesar de toda la publicidad levantada sobre el éxito rotundo del Plan, lo cierto es que los resultados alcanzados son frágiles y la incertidumbre prevalece entre decenas de miles de inmigrantes, muchos apenas registrados, y otros muchos más con un estatus migratorio incierto que ignora sus años de presencia en el territorio nacional.
“El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver. Al hacer un balance del PNRE, se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos; pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes y el Protocolo de renovación, que la Dirección General de Migración debía haber elaborado antes del 28 de agosto de este año por mandato del Consejo Nacional de Migración, podría haber sido una gran oportunidad para conseguirlo”, precisó la Red.
Las organizaciones de la sociedad civil también hacen un llamado sobre la necesidad de fortalecer el proceso de construcción del nuevo reglamento para la renovación de los permisos migratorios otorgados por el PNRE, esperando que el proceso de realización sea ágil, democrático y transparente, contando con diferentes representantes de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, empresarios, ONG´s y sindicatos.
Advirtió la Red que mantener las trabas administrativas, los requisitos cambiantes y excesivos, altos costos y la centralización de los trámites para renovar la tarjeta de regularización podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos años y alejándonos de las líneas básicas de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia de migración.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.