Santo Domingo, RD.-Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud, informó este lunes que ha recibido expresiones de confianza a su gestión por parte de partidos de oposición y otras personas, y pidió una investigación independiente a las compras de emergencia y otra a su patrimonio. Más Noticias
A fin de determinar si hubo violación a compras de emergencia funcionario pide investigación especial.
Santo Domingo, RD.-Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud, informó este lunes que ha recibido expresiones de confianza a su gestión por parte de partidos de oposición y otras personas, y pidió una investigación independiente a las compras de emergencia y otra a su patrimonio. El funcionario dijo esto a propósito del escándalo que ha generado la adjudicación de contrataciones por RD$1,600 millones en 26 procesos de compras, para enfrentar el coronavirus en el país.
“Buenos días (de este lado todas las horas son iguales ), agradecer a toda la gente que me ha escrito estos días , sobre todo a dirigentes de partidos de oposición, otros sin compromisos partidarios, mostrando su confianza en nuestra gestión o nuestra persona, para todos ellos.
«Mi gratitud eterna. A estas alturas, con todo lo que se ha dicho, estamos solicitando: 1. Una investigación independiente, donde no participe ningún ente del Estado Dominicano que verifique si en las compras de emergencias o cualquier otra del SNS se haya Violado el el marco legal vigente y sus principales principios (trasparencia, igualdad, libre competencia, etc) , no solo eso , sobre todo si ha habido prevaricación, dolo , etc», manifestó.
El director del SNS solicitó además que se investigue su patrimonio, bienes, la posibilidad que haya tenido de crear testaferros.
«En el día de ayer conversé con un directivo de una organización no gubernamental solicitando esta investigación. Reitero, no habló de entes estatales, sino de organismos independientes. Por igual, y aquí nos conocemos, quiero que se entreviste los suplidores del SNS que hayan participado en algún proceso de licitación, ahora o antes y que digan si en algún momento se le ha exigido o aceptado dinero, cenas, encuentros, etc . Dentro de esos suplidores hay de todos los partidos, imagino. Por lo tanto no tienen que presentar pruebas de que hayan sido extorsionado, con solo decirlo es suficiente. Esta oportunidad debe ser un referente en materia de investigación para un servidor público. Que se investigue todo…», publicó Rosa Chupany en su cuenta de Twiiter.
Reiteró que la investigación que solicita debe ser por instituciones no gubernamentales, y expresó que asumía el riesgo.
«Gracias de nuevo a quienes me han mostrado su confianza», sostuvo.
Rosa Chupany ha estado en la palestra, a raíz de la entrevista realizada por Juan Bolívar Díaz donde habló sobre los cuestionamientos que surgieron sobre la licitación de compras de emergencia de equipos médicos para enfrentar el COVID-19.
Esto llevó a que posteriomente informara que serán anulados los contratos de compras, sobre insumos médicos para combatir el coronavirus a los suplidores que no cumplieron con el plazo de cinco días para ser entregados.
También provocó que el presidente de la República nombrara una comisión de veeduría para vigilar las compras de emergencia en las que incurra el Estado por la crisis del nuevo coronavirus, que ha provocado 82 muertes y 1,745 casos confirmados, hasta el boletín ofrecido la mañana del domingo.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.