Los manifestantes exigen mejoras sociales –pensiones, sueldos, educación– y hasta una nueva Constitución. Chile se consideraba uno de los países más exitosos y tranquilos de la región hasta hace 15 días.

El ánimo festivo de los asistentes, incluidos muchos niños, se expresaba con saltos, canciones y bailes.

En un pequeño espacio de la plaza, donde se ubica una estación del subterráneo, un grupo intentó iniciar un incendio y lanzó piedras a la policía, que reprimió indiscriminadamente a la multitud con gases lacrimógenos. Miles más se dirigían al lugar caminando por la principal avenida de la ciudad.

La concentración empezó a dispersarse al anochecer en una ciudad que detuvo el servicio parcial del subterráneo y que ve muy disminuido el transporte público en el segundo de dos días feriados. Pequeños grupos insistían en enfrentarse a la policía, que los dispersaba con gases lacrimógenos, lo que hacía correr a quienes se marchaban en orden. Los encapuchados encendieron algunas barricadas en una importante arteria lateral a la plaza de reunión.

Más temprano llegaron a Santiago alrededor de medio centenar de personas que caminaron durante dos días y medio desde Limache, 100 kilómetros al noroeste, para unirse a las protestas en la capital chilena.

Además unas 3.000 mujeres vestidas de negro, con claveles blancos en sus manos, caminaron en silencio por la principal avenida de la ciudad, en el contexto del feriado que recuerda a los muertos, en recuerdo de al menos 20 personas fallecidas desde el comienzo del estallido social.

«Estamos haciendo una especie de romería por los muertos que ha dejado la fuerza militar enviada por el gobierno», dijo a The Associated Press una mujer que declinó identificarse.

Centenares avanzaban hacia la plaza por la principal avenida de la ciudad hacia la plaza que hace una semana fue escenario de una manifestación que congregó más de 1,2 millones de personas.

Por la mañana, el presidente Sebastián Piñera informó a los grandes empresarios que ya no serán favorecidos con un proyecto de ley para rebajar los impuestos a los más ricos de Chile.

Luego de reunirse el viernes con el ministro de Hacienda, el líder de la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett, declaró que «estamos comprometidos en ser parte de la solución… ya es hora que el dolor lo cambiemos por soluciones con amor».

Swett, acompañado de otros empresarios, emplazó a sus colegas a dialogar con sus trabajadores tres temas: el endeudamiento familiar, los salarios y el enorme esfuerzo que miles de empleados hacen a diario por llegar a sus trabajos luego de que gran parte del metro de la ciudad fue destruido en las protestas.

Briones, que recibió en su oficina a grandes y pequeños y medianos empresarios, había anticipado que el gobierno desechó la reintegración tributaria -que establecía que las empresas que pagaran sus tributos liberaban de hacerlo a sus dueños y socios-, un punto muy criticado por la oposición.

La reintegración implicaba una menor recaudación de 800 millones de dólares, según la cifra oficial.

«Lo que uno puede haber visto antes es muy distinto a lo que estamos viendo ahora», dijo Swett.

Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, precisó que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante y que el 65% de los 18 millones de chilenos gasta más de sus ingresos y «están sobre endeudados, todos los meses cargan con una mochila angustiosa».

Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los 500 y 700 dólares y un salario mínimo de 400 dólares, que Piñera ofreció subir 65 dólares.

Las protestan se suceden hace dos semanas en una céntrica plaza que hace una semana fue escenario de una concentración de más de 1,2 millones de personas.

Piñera busca frenar las multitudinarias protestas con un paquete de medidas sociales de mejoras leves y un nuevo gabinete al que incorporó un par de ministros de la centroderecha liberal, incluido el de Hacienda, Ignacio Briones, que se caracterizan por su disposición al diálogo. El ministro del Interior se reunió el viernes con alcaldes de todo el país con quienes el gobierno impulsará diálogos para recoger las opiniones de la ciudadanía.

Las protestas estudiantiles por un alza menor en el subterráneo derivaron el 18 de octubre en disturbios en los que el metro resultó con graves daños e incendios y en saqueos de supermercados y farmacias, entre otros comercios, que luego derivaron en multitudinarias manifestaciones que se suceden a diario en todo el país.