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Funcionarios y congresistas que no presentaron declaración jurada entre 2014 y 2025 son remitidos a PGR.
Santo Domingo.-Fueron remitidos a la Procuraduría General de la República cientos de funcionarios, entre ellos congresistas, por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que, desde el año 2014, hasta el corte de abril de 2025, no han presentado su declaración jurada de patrimonio, en clara violación a lo que establece la Ley 311-14.
La comunicación fue dirigida el 25 de abril del 2025 a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso Gómez.
El documento, firmado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, dice que el incumplimiento de esta obligación legal afecta tanto a actuales funcionarios como a quienes han cesado en sus cargos en el último año.
Según el informe entregado a la Procuraduría, entre los funcionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio se encuentran importantes figuras del Congreso Nacional, tanto actuales como pasadas.
En el expediente digital entregado se incluyen tres listas principales
En el documento están listados los funcionarios electos por voto popular entre 2024 y abril de 2025 que no han presentado su declaración jurada dentro del plazo establecido.
También los funcionarios designados o cesantes en el mismo período que también figuran como omisos.
Y los funcionarios que sí presentaron su declaración, pero de forma tardía o extemporánea, lo cual también constituye una falta conforme al artículo 13 de la Ley 311-14.
La Cámara de Cuentas subraya que la relación entregada se elabora a partir de los datos que ha podido verificar y recopilar su Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios Públicos, por lo que no se descarta que existan otros casos de omisión que aún no han sido incluidos por falta de información.
“Estaremos en proceso de recabar los datos correspondientes a los fines de remitirlos a la mayor brevedad posible”, indicó la doctora Polanco Melo en su carta.
Esta acción ocurre en un contexto en el que diversos sectores de la sociedad dominicana han exigido mayores niveles de fiscalización, rendición de cuentas y sanciones efectivas contra la corrupción administrativa.
La Ley 311-14, promulgada en agosto de 2014, establece como obligación constitucional y legal la presentación de una declaración jurada de bienes al momento de asumir, cesar o ser ratificado en una función pública.
La remisión del expediente no solo abarca casos recientes, sino que también incluye omisiones ocurridas desde 2014 hasta la fecha, lo que podría representar uno de los movimientos más amplios en términos de fiscalización del patrimonio público en la última década.
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.
Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.
No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.
El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.
Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.
Santo Domingo.- Los dias de trabajo en la Semana Santa de 2026 para el sector público se extenderan hasta el miercoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde, según lo dispuso el Ministerio de Administración Pública (MAP).
La medida está contenida en la circular número 001054, emitida el 26 de marzo de 2026, y dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y demás entidades del Estado.
De acuerdo con el documento, el horario aplica de manera general para la administración pública, en cumplimiento del rol del MAP como órgano rector del empleo público y de los sistemas administrativos.
No obstante, la institución establece que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán ajustar horarios o disponer jornadas especiales cuando la naturaleza del servicio lo requiera. Esto incluye áreas que deben mantener operaciones para garantizar la atención a la ciudadanía.
La disposición busca organizar la jornada laboral durante el asueto de Semana Santa, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales en el sector público.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de una prision preventiva de un año fue solicitado este domingo por el Ministerio Público como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.
El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El expediente consta de unas 50 páginas.
- De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150,000 dólares. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Debido a que el imputado posee privilegio de jurisdicción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez especial ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César E. Canó Alfau. En respuesta, la corte designó a Muñiz Almonte como jueza de la instrucción especial.
En la instancia, el órgano acusador también solicitó la fijación de la audiencia para conocer la medida de coerción.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.
«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga», expresó Yeni Berenice Reynoso, al calificar el caso como grave y subrayar la responsabilidad de los fiscales en la persecución de los delitos.