Santo Domingo, RD.-En el curso de los años queda demostrado que la justicia es una de las instancias del Estado que no cumple con su cometido.Nacionales
Luego de un largo proceso la justicia emite sentencia que deja mucho que desear.
Santo Domingo, RD.-En el curso de los años queda demostrado que la justicia es una de las instancias del Estado que no cumple con su cometido.Todo el proceso inició en el año 2017, cuando el maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Yuniol Ramírez presentó una solicitud sobre la información de los suplidores del Servicio Metropolitano de Transporte (OMSA), enfrentamiento legal que lo llevó a las puertas de la muerte.
El 11 de octubre de ese mismo año, siendo las 3:14 PM Argenis Contreras se presentó en el campus principal de la UASD dónde el abogado impartía docencia y se reunió con Argenis Contreras, con quien tenía una “amistad amena” y salió con este hacia la casa de Contreras, cuando perdió la vida a manos de quien este consideraba su amigo.
Según el Ministerio Público, Argenis Contreras trasladó el cadáver del profesor hacia su hogar en donde ocultó el cadáver y las pruebas que los conectaban a él Asesinato.
Luego, Argenis se movió hacia la cañada Arroyo María, en Manoguayabo, donde antes de lanzar el cadáver al agua lo amarró con cadenas, candados y bloques de cemento.
Al día siguiente de haber cometido el hecho, el principal acusado escapó a los Estados Unidos, lugar en el cual quiso ocultarse después de haber cometido el hecho.
Sólo pasaron 22 horas después de que Contreras salió del país, para que fuese hallado el cuerpo de Ramírez.
Luego, en búsqueda del responsable de la muerte del catedrático, las autoridades descubrieron que todo conectaba con la solicitud realizada por Ramírez, apenas un mes antes de su deceso.
Durante varios allanamientos realizados por el Ministerio público fueron arrestados los imputados Manuel Rivas, quien fue señalado como el autor intelectual del asesinato y José Mercado, acusado de asesinato y ocultamiento de cadáver.
Así mismo Víctor Ravelo, Jorge Abreu y Heidy Carolina Peña que fueron acusados de complicidad y ocultamiento de cadáver.
Tres años después del atroz asesinato, la justicia pudo alcanzar a Argenis Contreras quien fue extraditado desde los Estados Unidos y puesto a disposición de la justicia.
Mientras que Manuel Rivas el supuesto autor intelectual del hecho le fue variada la medida de coerción a prisión domiciliaria.
Al no ver la eficacia del proceso judicial, los familiares de Yuniol se retiraron del caso y el Ministerio Público tuvo que asumir la demanda por sí sólo.
Los imputados se declararon inocentes de estos hechos en sus argumentos finales y aseguraron ser víctimas del órgano persecutor.
Argenis Contreras señalado como mano ejecutora de la muerte del abogado fue condenado a cumplir 20 años de prisión luego de que el tribunal comprobara que este fue el responsable de dar muerte al abogado.
El Coronel Faustino Rosario fue condenado a un año de prisión y se inhabilitó por cinco años para cumplir una función pública luego de haberse encontrado culpable de corrupción administrativa.
Los imputados José Antonio mercado, Manuel Rivas, Victor Ravelo Campos, Jorge Luis Abreu, Heidy Peña y Lilian Suárez fueron hallados inocentes de los cargos de asesinato, ocultamiento de cadáver y corrupción debido a la escasez de pruebas que los conectaran al caso.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.