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Controversia entre jueces Suprema sobre apoderamiento caso Tommy Galán a Segunda Sala
Los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Frank Soto, Vanesa Acosta, María Garabito Ramírez y Manuel Herrera Carbuccia, expresaron su discrepancia con el voto mayoritario del pleno de la Suprema que decidió que el legislador por San Cristóbal fuera juzgado en juicio de fondo por los jueces de la Segunda Sala Penal.
Consideran que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte solo es competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuido a la Suprema Corte siempre que no sea de la que conoce esta última como jurisdicción privilegiada.
Alegan que la competencia de una jurisdicción debe emanar de un acto de carácter general y obligatorio como es la ley y no de una decisión judicial como pretende el voto mayoritario del pleno de la Suprema Corte, de querer atribuir competencia a la Sala Penal para conocer del juicio de fondo seguido aquellos funcionarios que gozan del privilegio de jurisdicción previsto expresamente en el artículo 154-1 de la Constitución de la República.
Los demás acusados en el caso Odebrecht: Ángel Rondón, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, fueron enviados a primera instancia para seguir la investigación de presuntos sobornos.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.