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El 27 de este mes se inician las entrevistas con los aspirantes al TC.
Las vistas publicas para los aspirantes a jueces del Tribunal serán iniciadas el próximo 27 y 29 de este mes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), las cuales continuarán durante los días 1,4,6 y 7 de diciembre.
El anuncio fue hecho por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, luego de la reunión del CNM, celebrada ayer en el Palacio Nacional. El motivo era para considerar las objeciones a los postulantes, presentadas conforme al reglamento, tres días después de la publicación de la lista.
Peralta reveló que el Consejo Nacional de la Magistratura dispuso, en cumplimiento del artículo 27 de su Reglamento 1-17, que el próximo lunes 20 de noviembre se convoque y publique el orden de las vistas públicas.
El 27 de noviembre se conocerá la primera partida de 16 postulantes, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos, mientras que el miércoles 29 de noviembre se llevará a cabo otra vista para conocer a más postulantes.
El lunes 4 de diciembre se realizará una vista pública para las entrevistas, el miércoles 6 de diciembre será la próxima vista y el jueves 7 de diciembre se celebrará la última vista para las entrevistas.
Conforme al cronograma anunciado, el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a la investidura de los cinco jueces del Tribunal Constitucional, que deberán asumir sus cargos después del 28 de diciembre.
Las evaluaciones para seleccionar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) comenzaron hace un mes, en vista de que cinco de los actuales incumbentes cumplen su función en diciembre próximo.
Objeciones
Peralta informó que sólo cinco de los 115 aspirantes fueron objetados, pero el CNM rechazó todos los cuestionamientos debido a que carecían de la debida fundamentción.
“Los objetados tienen un plazo de 24 horas, que agotaron para formular respuestas a dichas objeciones. Cumplido ese plazo el Consejo se reunió hoy y conoció cinco objeciones, o sea, se formularon objeciones contra cinco de los postulantes, las cuales fueron todas rechazadas por carecer del debido fundamento de conformidad con el reglamento según la apreciación de los miembros del Consejo”, explicó Peralta.
Los jueces a sustituir son el actual presidente el TC, Milton Ray Guevara, y los jueces Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Justo Pedro Castellanos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.
Participaron todos los integrantes del CNM
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.