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COE incrementa niveles de alerta verde y amarilla a varias provincias del país
Santo Domingo, R.D.-El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que incrementó los niveles de alerta verde y amarilla a 25 provincias del país por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
En ese sentido, la entidad indicó que 13 provincias tienen colocada la alerta amarilla, mientras que 12 demarcaciones tienen impuesta la alerta verde.
Las provincias con la alerta amarilla son Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Espaillat y El Seibo.
En tanto, con la alerta verde están San Juan, San Cristóbal, Santiago, San José de Ocoa, Puerto Plata, Valverde, Elías Piña, Santiago Rodríguez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana y Dajabón.
La decisión fue tomada en virtud del boletín de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) que establece que “un panorama meteorológico con bastante humedad e inestabilidad continúa prevaleciendo sobre el territorio nacional, resultado de la activa vaguada que desde ayer ha generado cantidades extraordinarias de lluvia”.
El organismo del tiempo indicó que durante este día se espera que los aguaceros sigan de moderados a fuertes, siendo intensos localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias del país.
El COE recomendó a la población mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional y el Cuerpos de Bomberos.
Además, seguir los lineamientos de esas instituciones.
La entidad también indicó que ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas estén atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
Santo Domingo, R.D.-Unos 34 recursos directos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) han sido acogidos por el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y a la protección de los derechos fundamentales, el cual está obligado a poner por encima el derecho internacional y continental sobre el derecho interno en materia de derechos humanos.
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
SANTO DOMINGO. Los directores de Elecciones, de Informática, del Voto dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad Personal y Electoral y de Registro Electoral fueron ratificados por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE)
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-Un autobús con 70 haitianos indocumentados fue detenido por el Ejército en Azua cuando eran trasladados durante la madrugada de este viernes.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.