Nacionales
Faltando horas para el nuevo año se reportan tres muertos y 35 accidentes de tránsito en el territorio nacional.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que unas tres personas murieron y otras 40 resultaron afectadas en los 35 accidentes de tránsito registrados ayer, sábado 30 de diciembre.
El boletín No. 1 de la segunda fase del Operativo de Navidad «Conciencia Por la Vida», señala que los accidentes mortales ocurrieron en San Juan de la Maguana, La Vega y Santiago.
De los 35 accidentes registrados, 30 involucraron motocicletas, un vehículo liviano; hubo cuatro atropellamientos.
Durante el operativo, las autoridades de tránsito están desplegadas en carreteras, avenidas, autopistas y calles.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) realizó en las últimas 24 horas inspecciones técnicas vehiculares visuales 3,824 unidades de transporte público de pasajeros interurbano en distintas terminales a nivel nacional, en operativos donde se ordenó la sustitución y/o reparación de 467 neumáticos, 623 luces; 805 cristales rotos o faltantes y 189 retrovisores faltante; 91 limpia vidrios faltantes, 116 bómper faltantes.
Además, reportó que por irregularidades detectadas prohibió la salida de autobuses o conductores: 119 choferes por licencias vencidas, 113 por violaciones a las resoluciones emitidas por el Intrant sobre neumáticos con tuercas puntiagudas y luces LED y 396 unidades de transporte público que no disponían de los equipos (botiquín, triangulo o extintor) de respuesta en caso de emergencia.
A su vez, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dijo que realizó 5,221 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 1,702 por transitar sin Casco, 583 por Luz Roja, 287 por transitar sin Cinturón, 382 por Licencia Vencida, 141 por uso del celular, a la vez se retuvieron, 134 por transitar en vía contraria, 11 vehículos livianos, 339 motocicletas y 92 vehículos pesados por transitar sin permiso.
Además, realizó 1,298 asistencias viales a ciudadanos, en tanto que la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hizo 848 asistencias viales consistentes en: Seguridad Ciudadana, Rescates, Asistencias Médicas, cambios de gomas, combustibles, remolques y asistencias mecánicas entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas.
Intoxicaciones
Durante la rueda de prensa, el director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que unas 38 personas presentaron intoxicación por alcohol; de esta cantidad, dos resultaron ser menores con edades de 16 años cada uno. También, dijo que las emergencias han atendido 11 personas por intoxicación alimentaria.
De manera general, informó que, por su lado, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) realizó 425 asistencias en salud y el Servicio Nacional de Salud 214.
La Cruz Roja atendió a una persona y la Unión Nacional de Bomberos reportó 59 atenciones.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.