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Colegio de Abogados califica como positiva e histórica la sentencia de desglose del caso Odebrecht
El Colegio de Abogados de la República Dominicana calificó como positivo e histórico la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia recientemente que ordenó la separación de los imputados en el caso Odebrecht, por entender que garantiza la plena vigencia de las garantías procesales a que tiene derecho toda persona que es sujeto de un proceso penal.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que esta medida marca un precedente en la justicia dominicana, ya que incorpora el Derecho Internacional Garantista al proceso penal de este país y establece garantías para que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo.
Surun Hernández definió como un paso de avance para el Estado de Derecho la incorporación a nuestro ordenamiento procesal penal de todas y cada una de las disposiciones a nivel internacional que refuerza lo que es la protección al Estado de Derecho.
“Nosotros entendemos que es verdaderamente injusto que por el simple hecho de que haya un solo procesado que de conformidad con la Constitución goce de jurisdicción privilegiada, los demás encartados tengan que sufrir esa misma penuria, con la sub secuente perdida del doble grado de jurisdicción que son garantías procesales consagradas no solo por la Constitución, sino por los tratados internacionales, que a la luz de esa misma decisión son parte integral del sistema procesal de la República Dominicana”, expresó el jurista.
Agregó que dicho fallo que elimina el arrastre en materia procesal penal de las jurisdicciones privilegiadas se consagra como un precedente histórico en favor de que cada día el país se constituya en un modelo garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, muy especialmente de aquellos que son objeto de persecuciones penales.
Destacó que con este paso se otorga plena vigencia no solo de la presunción de inocencia, sino además de la obligatoriedad de los organismos consagrados para perseguir dichas infracciones de tratar a los procesados como tales, es decir, como personas inocentes.
hoy.com.do
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.