Santo Domingo, RD.-Titulares de distintas fiscalías, incluida la del Distrito Nacional, serán evaluadas por el Ministerio Público y de igual modo ocurrirá con procuradurías regionales y especializadas que cumplieron el período de cuatro años por el que fueron seleccionados para cubrir plazas en diferentes jurisdicciones del país.Nacionales
Entre fiscales a evaluar están Rosalba Ramos y Milcíades Guzmán.
Santo Domingo, RD.-Titulares de distintas fiscalías, incluida la del Distrito Nacional, serán evaluadas por el Ministerio Público y de igual modo ocurrirá con procuradurías regionales y especializadas que cumplieron el período de cuatro años por el que fueron seleccionados para cubrir plazas en diferentes jurisdicciones del país.La directora general de carrera del Ministerio Público, Thalía Goldberg, explicó los detalles del proceso durante un encuentro con los periodistas que cubren la fuente noticiosa, encabezado por la procuradora general Miriam Germán Brito.
“Estamos trabajando en forma permanente, siempre apegados a un espíritu de transparencia, para que este proceso sirva para fortalecer al Ministerio Público y seguir mejorando su servicio a toda la ciudadanía”, aseguró Goldberg.
También explicó que el sistema está planteado para abordar la evaluación de los titulares de esas dependencias al término de su primer período de cuatro años en la posición, de modo que el resultado les habilitaría o descalificaría para optar por un segundo período desempeñando una titularidad.
Explicó que para tales fines aplica el Manual para la Evaluación de Titulares de Fiscalías y Procuradurías Regionales y Especializadas que fue aprobado a unanimidad mediante la Séptima Resolución del CSMP, emitida en su Octava Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto.
El manual o instructivo se realizó con base en la propuesta elaborada por las direcciones generales de Carrera y de Persecución del Ministerio Público.
El proceso que se agota con un número específico de titulares es completamente independiente de las evaluaciones periódicas ordinarias que corresponden a todos los miembros del Ministerio Público durante su desempeño.
En el caso particular de los fiscales que ocupen una titularidad, la evaluación aplicada para optar a un segundo período será adicional a las evaluaciones ordinarias que sean establecidas para evaluar el desempeño.
El esquema propuesto para evaluar las titularidades con vencimiento en 2022 establece que en la primera fase serían evaluados los titulares cuyo primer período venció en septiembre de este año, con el objetivo de determinar si continuarán para un segundo período de cuatro años o si cesan en estas funciones.
La fase dos está dedicada a evaluar a los titulares interinos con la finalidad de reconocer su desempeño en estas funciones.
El proceso formal de evaluación se inició en septiembre de 2022 y está programado a finalizar en febrero de 2023.
Los fiscales titulares candidatos a evaluación en su primer período de gestión son Adolfo Augusto Féliz Pérez, de San Juan; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Aura Luz García Martínez, de La Vega; Edward Andrés Núñez, de Hermanas Mirabal; Erika Jennyfer Pujols Pujols, de Samaná; Fadulia Rosa, de San Cristóbal; Grimaldi Oviedo Merán, de Montecristi; Jorge Manuel Herrera Rondón, de El Seibo, y Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez.
También, Marggie Antonia Viloria Caraballo, de Las Matas de Farfán; Marleni Altagracia Guante Barona, de Hato Mayor; Milcíades Guzmán Leonardo, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte; Soni Adriano Rosario José, de Independencia; Sumaya Francisca Rodríguez, de Santiago Rodríguez; Yeisin Alcántara Ciprián, de Dajabón, y Yorelbin Dargilio Rivas Ferreras, de Espaillat.
De las procuradurías regionales serán evaluados en su primer período Ciriaco Miguel de la Rosa Jiménez, de San Juan; Jessica Ramírez, de La Vega; Santo Ysidro Fabián Beltré, de Puerto Plata; Wendy A. González Carpio, de Barahona, y Francisco Alfredo Berroa Hiciano, de Santo Domingo, mientras que José del Carmen Sepúlveda, del Distrito Nacional, será evaluado en su segundo período.
En los órganos especializados será evaluado el primer período de Francisco Contreras Núñez, de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Iván Vladimir Féliz Vargas, de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y Maura Martínez Paulino, de Control y Tráfico de Armas, así como el segundo período de Rafael Antonio Brito Peña, de Crímenes y Delitos contra la Salud.
En la actividad, celebrada en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), en Gascue, estuvo presente además el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).
Asimismo, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la secretaria general de la institución, Lilly Acevedo; el director técnico del Despacho de la Procuradora, Félix Tena de Sosa; la administradora general, Vilma Pérez; la directora legal, Frinette Padilla, y el contralor general de la institución, Amisael Félix.
Puntuación
La evaluación incluye, entre otras, auditorías a procesos penales y la realizada por la Contraloría del Ministerio Público, así como auditorías de fondos operativos de la Dirección General Administrativa y de los almacenes de evidencias e informes sobre supervisión a centros de privación libertad y de la Secretaría General.
Para la ratificación de una posición, el aspirante deberá acumular al menos 70 puntos para calificar a un segundo período de titularidad.
Para las procuradurías fiscales y las especializadas se tomarán en cuenta aspectos de “dirección y liderazgo” (25 puntos), “auditoría de procesos penales” (35 puntos), “manejo y custodia de evidencias” (15 puntos) y “gestión de recursos financieros y materiales” (25 puntos).
Para las procuradurías regionales se tomarán en cuenta aspectos como “dirección y liderazgo” (25 puntos), “auditoría de procesos penales” (35 puntos), “gestión penitenciaria” (10 puntos), “servicios al ciudadano” (10 puntos) y “gestión de recursos financieros y materiales” (20 puntos).
La aplicación de los instrumentos de evaluación, recopilación y presentación de las estadísticas e informes está a cargo de una comisión integrada por representantes de la Dirección General de Persecución, la Dirección General de Carrera, Dirección General Administrativa, Contraloría del Ministerio Público y la Secretaría General del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.