Santo Domingo, RD.-Titulares de distintas fiscalías, incluida la del Distrito Nacional, serán evaluadas por el Ministerio Público y de igual modo ocurrirá con procuradurías regionales y especializadas que cumplieron el período de cuatro años por el que fueron seleccionados para cubrir plazas en diferentes jurisdicciones del país.Nacionales
Entre fiscales a evaluar están Rosalba Ramos y Milcíades Guzmán.
Santo Domingo, RD.-Titulares de distintas fiscalías, incluida la del Distrito Nacional, serán evaluadas por el Ministerio Público y de igual modo ocurrirá con procuradurías regionales y especializadas que cumplieron el período de cuatro años por el que fueron seleccionados para cubrir plazas en diferentes jurisdicciones del país.La directora general de carrera del Ministerio Público, Thalía Goldberg, explicó los detalles del proceso durante un encuentro con los periodistas que cubren la fuente noticiosa, encabezado por la procuradora general Miriam Germán Brito.
“Estamos trabajando en forma permanente, siempre apegados a un espíritu de transparencia, para que este proceso sirva para fortalecer al Ministerio Público y seguir mejorando su servicio a toda la ciudadanía”, aseguró Goldberg.
También explicó que el sistema está planteado para abordar la evaluación de los titulares de esas dependencias al término de su primer período de cuatro años en la posición, de modo que el resultado les habilitaría o descalificaría para optar por un segundo período desempeñando una titularidad.
Explicó que para tales fines aplica el Manual para la Evaluación de Titulares de Fiscalías y Procuradurías Regionales y Especializadas que fue aprobado a unanimidad mediante la Séptima Resolución del CSMP, emitida en su Octava Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto.
El manual o instructivo se realizó con base en la propuesta elaborada por las direcciones generales de Carrera y de Persecución del Ministerio Público.
El proceso que se agota con un número específico de titulares es completamente independiente de las evaluaciones periódicas ordinarias que corresponden a todos los miembros del Ministerio Público durante su desempeño.
En el caso particular de los fiscales que ocupen una titularidad, la evaluación aplicada para optar a un segundo período será adicional a las evaluaciones ordinarias que sean establecidas para evaluar el desempeño.
El esquema propuesto para evaluar las titularidades con vencimiento en 2022 establece que en la primera fase serían evaluados los titulares cuyo primer período venció en septiembre de este año, con el objetivo de determinar si continuarán para un segundo período de cuatro años o si cesan en estas funciones.
La fase dos está dedicada a evaluar a los titulares interinos con la finalidad de reconocer su desempeño en estas funciones.
El proceso formal de evaluación se inició en septiembre de 2022 y está programado a finalizar en febrero de 2023.
Los fiscales titulares candidatos a evaluación en su primer período de gestión son Adolfo Augusto Féliz Pérez, de San Juan; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Aura Luz García Martínez, de La Vega; Edward Andrés Núñez, de Hermanas Mirabal; Erika Jennyfer Pujols Pujols, de Samaná; Fadulia Rosa, de San Cristóbal; Grimaldi Oviedo Merán, de Montecristi; Jorge Manuel Herrera Rondón, de El Seibo, y Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez.
También, Marggie Antonia Viloria Caraballo, de Las Matas de Farfán; Marleni Altagracia Guante Barona, de Hato Mayor; Milcíades Guzmán Leonardo, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte; Soni Adriano Rosario José, de Independencia; Sumaya Francisca Rodríguez, de Santiago Rodríguez; Yeisin Alcántara Ciprián, de Dajabón, y Yorelbin Dargilio Rivas Ferreras, de Espaillat.
De las procuradurías regionales serán evaluados en su primer período Ciriaco Miguel de la Rosa Jiménez, de San Juan; Jessica Ramírez, de La Vega; Santo Ysidro Fabián Beltré, de Puerto Plata; Wendy A. González Carpio, de Barahona, y Francisco Alfredo Berroa Hiciano, de Santo Domingo, mientras que José del Carmen Sepúlveda, del Distrito Nacional, será evaluado en su segundo período.
En los órganos especializados será evaluado el primer período de Francisco Contreras Núñez, de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Iván Vladimir Féliz Vargas, de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y Maura Martínez Paulino, de Control y Tráfico de Armas, así como el segundo período de Rafael Antonio Brito Peña, de Crímenes y Delitos contra la Salud.
En la actividad, celebrada en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), en Gascue, estuvo presente además el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).
Asimismo, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la secretaria general de la institución, Lilly Acevedo; el director técnico del Despacho de la Procuradora, Félix Tena de Sosa; la administradora general, Vilma Pérez; la directora legal, Frinette Padilla, y el contralor general de la institución, Amisael Félix.
Puntuación
La evaluación incluye, entre otras, auditorías a procesos penales y la realizada por la Contraloría del Ministerio Público, así como auditorías de fondos operativos de la Dirección General Administrativa y de los almacenes de evidencias e informes sobre supervisión a centros de privación libertad y de la Secretaría General.
Para la ratificación de una posición, el aspirante deberá acumular al menos 70 puntos para calificar a un segundo período de titularidad.
Para las procuradurías fiscales y las especializadas se tomarán en cuenta aspectos de “dirección y liderazgo” (25 puntos), “auditoría de procesos penales” (35 puntos), “manejo y custodia de evidencias” (15 puntos) y “gestión de recursos financieros y materiales” (25 puntos).
Para las procuradurías regionales se tomarán en cuenta aspectos como “dirección y liderazgo” (25 puntos), “auditoría de procesos penales” (35 puntos), “gestión penitenciaria” (10 puntos), “servicios al ciudadano” (10 puntos) y “gestión de recursos financieros y materiales” (20 puntos).
La aplicación de los instrumentos de evaluación, recopilación y presentación de las estadísticas e informes está a cargo de una comisión integrada por representantes de la Dirección General de Persecución, la Dirección General de Carrera, Dirección General Administrativa, Contraloría del Ministerio Público y la Secretaría General del Ministerio Público.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.