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Reajuste salarial será debatido por Comité de Salarios este jueves.

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Santo Domingo, RD. – Rafael Pepe Abreu,  presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), anunció que el próximo jueves se reunirá el Comité Nacional de Salarios para debatir de manera anticipada un reajuste salarial.

En ese sentido expresó que el anticipo es en virtud a la situación inflacionaria que se ha creado por diversos factores, incluyendo la pandemia del COVID-19. Indicó que la tarifa vigente fue pactada en julio del 2021 y en julio de 2023 cumplirá los dos años estipulados.

Abreu informó que el pasado jueves se había convocado una reunión, pero por la ausencia del sector empresarial fue pospuesta para esta semana.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Abreu aseguró que han realizado algunas discusiones de manera interna, sin la intervención de la prensa, sin embargo, éstas podrían ser llevadas al Consejo Consultivo de Trabajo si no buscan solución.

El dirigente sindical espera que en mesa de negociaciones traten el tema de indexación a salarios según el índice de la inflación establecida en código tributario y que el sector empresarial.

Propuesta de reajuste salarial de Centrales

Se recuerda que el sector sindical formalizó ante el Comité Nacional de Salarios su propuesta de aumento salarial de un 35 % con la advertencia de que prorrogar la materialización de este incremento representaría  “una bomba de tiempo” debido a los altos niveles de inflación.

El sindicalista recordó que hace dos años se pactó el referido aumento y que a raíz de la pandemia se hicieron alegaos para que esto no sucediera.

Abreu dijo que en discusiones internas del Comité de Salario se ha propuesto una discusión salarial y la indexación del salario por inflación.

En datos presentados el pasado año por la Organización del Trabajo (OIT) indican que el aumento de la inflación está situando el crecimiento de los salarios reales en cifras negativas en muchos países, lo que reduce el poder adquisitivo de la clase media y golpea con mayor dureza a los grupos de ingresos bajos.

La crisis del costo de la vida se suma a las pérdidas de masa salarial soportadas por los trabajadores y sus familias durante la crisis sanitaria por covid, en particular los grupos de ingresos bajos, que recibieron el peor golpe en muchos países., dice la OIT en el Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023: El impacto de la inflación y de la Covid-19 en los salarios y el poder adquisitivo.

Por: Norma Batista

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La entrega de dinero por soborno a fiscal fue parte del plan concebido por Procuraduría para su apresamiento.

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Santo Domingo, R.D.-El proceso de investigacion que terminó con el apresamiento por sobornos del fiscal Aulerio Valdez Alcántara por supuestmente recibir 10 mil dólares fue montaedo por la Procuraduria General de la Republica mediante una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la cual  sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Es un testigo en el caso Senasa a quien el fiscal le habría pidido dinero, un reloj y un auto.

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Santo Domingo, R.D.-Roberto Canaán, imputado en el caso Senasa, a quien el fiscal  Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido los diez mil dálares, un reloj y un anto, cuyo monto total solicitado ascendia a 200 mil dólares, segun el expediente del Ministerio Publico.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Fue aplazada nuevamente audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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