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Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas saluda declaraciones de jefes de Estado
SANTO DOMINGO.-Más de 400 personalidades entre las que están periodistas, artistas, sindicalistas, sacerdotes, congresistas y académicos agrupados en el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas saludaron hoy la muestra de solidaridad brindada por varios estados a los dominicanos de ascendencia haitiana que -según indican- serían afectadas con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Mediante un comunicado dado a conocer esta mañana, el Comité dice que acoge con responsabilidad la muestra de solidaridad expresada por representantes de una veintena de países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
Tras la realización del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, efectuado este 5 de febrero en Ginebra, Suiza, este Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desea manifestar lo siguiente:
1.- Acogemos con responsabilidad el apoyo manifiesto de una veintena de Estados expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los fines de garantizar la plenitud de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera nacidos en el país y que han sido despojados de su derecho a la nacionalidad.
El firme apoyo al respeto de los derechos humanos expresado por diversas naciones tanto delSistema Interamericano, como de países otros continentes debe mover a la reflexión sobre la imagen del país en la comunidad internacional.
Entre los países que manifestaron recomendaciones en ese sentido se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Uruguay, Trinidad y Tobago, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Noruega, Ucrania, Portugal, Eslovenia y Australia.
2- Lamentamos que la nación siga siendo objeto de cuestionamientos en el plano internacional, en relación a la plena vigencia de los derechos humanos en el país y reiteramos que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que afectan la imagen del país.
A nombre de la soberanía no se puede ignorar los compromisos internacionales, ni la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano.
3.- Reiteramos que es desde la sociedad dominicana que tiene que salir una solución justa e institucional, que restituya plenamente los derechos conculcados, primero por la Resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, y luego por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Esperamos que “la postura firme” expresada por el Estado Dominicano en Ginebra, de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, se materialice en la solución nacional al drama que están padeciendo las personas desnacionalizadas, con sus vidas suspendidas.
4.- Llamamos al liderazgo político del país, especialmente al Presidente de la República, a escuchar tanto la opinión de los principales expertos constitucionalistas, como de la mayoría del pueblo dominicano, que entiende que son dominicanos los hijos de padres haitianos indocumentados, como se reflejó en la Encuesta Gallup publicada esta semana por el diario Hoy. El 58.2% de los encuestados le reconoce la nacionalidad dominicana y sólo el 39.6% se la niega.
Por el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, integrado por más de 400 ciudadanos y ciudadanas dominicanas,
Miguel Ceara Hatton, Carmen Amelia Cedeño, Juan Bolívar Díaz, monseñor Julio César Holguín K.; Pavel Isa Contreras, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Cristóbal Rodríguez y el padre Mario Serrano, Ana Selman, Guadalupe Valdez, Víctor Víctor, Roque Félix, Sergia Galván, Guillermo Esterling y la sindicalista Eulogia Familia.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.