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Diputados no opinan sobre esposo de una de su colega en proceso de extradicion por venta de drogas.
Santo Domingo, R.D.-En lo que parece ser una cierta tolerancia con los hechos imputados a la expareja de la diputada Jacqueline Fernández, Esteffani José «Ethian» Vásquez Amarante, sus colegas de la misma provincia se resisten a opinar sobre el proceso de extradición de éste.
El hombre fue arrestado el pasado viernes por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) luego de que el país recibiera una solicitud de extradición de Estados Unidos por su supuesta participación en el tráfico de cocaína.
Tras esta información ser revelada y confirmada por los medios de comunicación, la representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia La Romana se desligó de las alegadas acciones delictivas de Vásquez, asegurando que desde “hace un tiempo” había iniciado el proceso de separación.
Esta situación ha provocado una ola de señalamientos realizada por la dirigencia política opositora.
Uno de estos es el diputado de la bancada del partido político Fuerza del Pueblo (FP), Carlos de Pérez, quien simplemente optó por recordar la presunción de inocencia que tiene la ciudadanía cuando se le imputa la comisión de un delito. No obstante, aclaró que, “a diferencia del PRM”, él cree en este derecho sin importar la organización política que esté involucrada.
“Como abogado creo en la presunción de inocencia como un principio cardinal del derecho. A diferencia del PRM, yo creo en la presunción de inocencia relativa a todas las personas, no solo cuando son del partido en el que milito”, dijo De Pérez al ser entrevistado este miércoles por periodistas de este medio.
El senador Eduard Espíritusanto, también de la FP, aseguró que la dirigencia política de esa demarcación nunca tuvo sospechas sobre la posible vinculación de Vásquez con actos delictivos. Pero, dijo haber recibido información de que la estructura perremísta sí tuvo algunas preocupaciones en el pasado.
“Algunos miembros de otros partidos y el PRM había señalado que la primera vez que ella aspiró a regidora había evidencia… ellos tenían algunas dudas. Nosotros en ningún momento hemos visto alguna muestra que podamos decir que tienen alguna culpabilidad”, manifestó Espiritusanto.
El diputado Wandy Batista, compañero de Fernández por pertenecer a la misma localidad y bancada, respondió a las preguntas de este medio, indicando que no emitiría juicios de valor sobre el caso.
“Yo como abogado, prefiero respetar los procesos judiciales que están en curso, sin tener un conocimiento pleno de la acusación, no me gustaría emitir juicios”, dijo.
Asimismo, su colega de bloque político, el diputado Eugenio Cedeño, respondió a las preguntas de este medio, precisando que se limita a remitirse a las informaciones oficiales suministradas por las autoridades del país, ya que considera que no es oportuno “abundar” sobre este hecho.
“Yo me remito hasta este momento a lo que hayan dicho las autoridades nacionales, encargadas de la persecución. No puedo acusar, con respecto a ese caso en particular, lo mejor es no abundar y esperar que los acontecimientos judiciales sean los que hablen”, declaró Cedeño.
“No tengo más comentarios, no puedo comentar nada en este momento (porque) no creo que sea oportuno”, insistió durante la conversación desarrollada con el reportero.
El senador Espiritusanto también calificó en sus declaraciones de lamentable los nexos que han surgido del Gobierno y el PRM con el narcotráfico, razón por la cual exhortó a los integrantes del sistema de partidos a mejorar los mecanismos de depuración para evitar la participación política de delincuentes.
“Es lamentable lo que voy a decir, no me gusta hacer leña del árbol caído, pero le han caído todos los peritos encima al Gobierno en base a ese sector (el narcotráfico). Ningún partido político, ni gobierno está exento de que le suceda lo que le está sucediendo al PRM ahora mismo. Pero, es lamentable, todos los días cae uno del Gobierno…”, resaltó.
«Ethian» Vásquez, expareja de la diputada Jacqueline Fernández, fue citado para el 18 de noviembre a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción y el pedimento de extradición realizados por Estados Unidos en su contra.
De acuerdo con los documentos judiciales estadounidenses, Vásquez habría vendido al menos 5 kilogramos de cocaína a un agente encubierto, razón por la cual es requerido por una Corte Federal de Puerto Rico. Por la venta de la sustancia, este supuestamente recibió más de dos millones de dólares.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.