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Un modelo plenamente digital prevalecerá en el Poder Judicial con cierre de edificio de Cortes del DN.
Santo Domingo, R.D.-Sin incluir el área penal, el Poder Judicial se enfoca en estos momentos en dejar atrás la centralidad de lo físico para entrar a un modelo de justicia plenamente digital«, con el cierre del edificio que alberga las Cortes y las Salas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional, informó este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Los jueces de las Cortes y de las Salas del TSA, ubicados en el viejo edificio son trasladados al de Registro Inmobiliario y el personal de las secretarías de los tribunales son movidos al de la Suprema Corte de Justicia, los dos también ubicado en el Centro de los Héroes, en La Feria.
La mudanza, que se inició el pasado lunes, se realiza luego de que un estudio en el 2021 detectara riesgos de colapso en un posible sismo. Se programa clausurar completamente el viejo edificio antes del 30 de mayo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina informó que el «modelo de justicia plenamente digital» ya se han habilitado «más de 180 salas» para operar en línea, en un trabajo gradual que se ha venido realizando desde que se empezó a implementar la Ley 339-22.
No obstante, esa normativa, que regula el uso de medios digitales excluye las audiencias penales para esta modalidad, aunque los asuntos administrativos de esa área serán también de manera digital.
Durante una audiencia solemne de juramentación de casi 1,700 abogados, Molina expresó que esa medida implica el inicio una nueva etapa en su historia institucional y se reafirma el compromiso con una justicia al día, centrada en las personas, ágil, eficiente y confiable.
Las 180 salas hacen posible que la ciudadanía pueda presentar actos jurídicos, participar en una audiencia o recibir una decisión judicial sin necesidad de desplazarse ni esperar largas horas.
Asimismo, puntualizó que, gracias a herramientas como la firma digital, el expediente electrónico y las audiencias virtuales, se han reducido barreras, acercado los tribunales a la ciudadanía, fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas mediante sistemas trazables y auditables en tiempo real.
Medidas para el cierre del edificio
Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, la continuidad del servicio es posible gracias al uso intensivo de las tecnologías digitales y las herramientas que ofrece el portal de Acceso Digital, el uso del Sistema de Gestión de Casos y las Política de Teletrabajo de este poder del Estado, que permite modelos de trabajo remoto e híbrido.
Migración a lo digital
Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en su sesión extraordinaria núm. 02-2025 de 11 de abril de 2025, adoptó una serie de medidas que permitirán finalizar el proceso de migrar de lo presencial a lo digital en los servicios que se prestan a la ciudadanía en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional.
Juramentación de 1,698 abogados
La Suprema Corte de Justicia juramentó 1,698 abogados a los que llamó a no sólo comprender los códigos y las jurisprudencias sino también a que sean instrumentos de construcción social que ponga a las personas en primer lugar.
En una audiencia solemne, el presidente de la alta corte también dejó posesionadas las Comisiones Consultivas Regionales del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.