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Concurso del Ministerio Público tiene dividido a los fiscales de carrera
- Los integrantes de la Asociación de Fiscales Dominicanos se manifestarán este jueces a favor del concurso
- Mientras que está pendiente el conocimiento un recurso en el TSA que busca la nulidad
El concurso convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público ha dividido en dos bandos a los fiscales que forman parte de esa institución. Un grupo que defiende la convocatoria que hizo el Consejo y al procurador Jean Alain Rodríguez, mientras que el otro bando sostiene que es ilegal el concurso y pide su nulidad.
Los miembros de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) están dentro del grupo que defiende la legalidad del concurso de oposición para designar fiscales en puestos ya vencidos. Esa asociación ha convocado a una manifestación en frente de la Procuraduría General en defensa de que se continúe con el concurso.
Los fiscales que forman parte de Fiscaldom estarán frente a la Procuraduría a la 4.00 de la tarde de este jueves, todos vestidos con togas “a fin de demandar respeto por la institución del Ministerio Público y a la carrera; así como expresar nuestro respaldo a las convocatorias de concursos para escogencia de titularidades vencidas, interinas y vacantes, en el marco de la Constitución y la ley Orgánica del Ministerio Público”.
En un comunicado de prensa, la asociación asegura que debido a los acontecimientos políticos que vive el país por los procesos de elecciones, sectores han querido “arrastrar” a los miembros de carrera del Ministerio Público y han iniciado una campaña de descredito en contra de la institución.
En ese sentido, exigen a las autoridades del Gobierno, actores políticos y sociales “que mantengan sus manos fuera de la carrera del Ministerio Público, que cumpla y respete la ley, se garantice la estabilidad, organización, funcionamiento y desarrollo del Régimen de Carrera del Ministerio Público, sin injerencias o discriminación de ningún tipo”.
Esta manifestación se dará dos días después de que otro grupo de fiscales, entre ellos la procuradora Yeni Berenice Reynoso, depositara un recurso contencioso administrativo en demanda de nulidad del concurso interno de la Dirección de Carrera del Ministerio Público y el Consejo de ese órgano.
Los demandantes alegan irregularidades en la convocatoria para el concurso CIT-01-2020, entre ellas que es “un fraude a la ley” y que lesiona derechos fundamentales de fiscales de carrera, “que han visto lesionados sus derechos fundamentales, legales y reglamentarios, a tener un escalafón”.
El recurso está a espera de ser conocido en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Mientras que en el diálogo de los partidos políticos, algunas agrupaciones han cuestionado que el Ministerio Público está secuestrado por el partido de Gobierno a través del procurador Jean Alain Rodríguez.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.