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Confían TC validará artículos sobre prohibición del transfuguismo
Profesionales del derecho confían en que el Tribunal Constitucional validará los artículos 49 numeral 4 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que prohíbe el transfuguismo, porque de declararse inconstitucional esas disposiciones crearía un caos organizativo en el montaje de las elecciones de 2020.
El señalamiento lo hicieron los juristas Jorge Prats, Carlos Salcedo y Cristóbal Rodríguez, quienes coincidieron en que confían en la idoneidad del Tribunal que ha venido a constituirse en un garante de la Constitución y de los derechos fundamentales.
Prats consideró que en el presente caso no le cabe dudas de que la mayoría de los miembros del TC se va inclinar en sostener la plena constitucionalidad de las disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos cuestionada, porque está claro que hay una prohibición del transfuguismo que impide que una persona que se haya postulado para candidato de un partido luego pueda hacerlo por otra organización tras perder.
“Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esas disposiciones se crearía un caos organizativo porque más de 5 mil personas que participaron como precandidatos, podrían aspirar a cargos de elección popular en virtud de la nulidad constitucional, e incluso poder hacerlo con efecto retroactivo”, advirtió el jurista.
Prats resaltó que no se trata de un argumento, algo en contra de una persona en particular, sino sostener que el transfuguismo pone en riesgo la estabilidad de los partidos, y sobretodo que se ha agotado el derecho a ser elegido.
El jurista Cristóbal Rodríguez recordó que lo hizo la Junta Central Electoral fue inscribir la candidatura de Leonel Fernández, tras el fallo del Tribunal Superior Electoral, pero es una decisión de carácter de provisionalidad, pendiente de decisión de la controversia generada .
“De manera, que confiamos en que el Tribunal Constitucional va a declarar la conformidad con la Constitución, tanto del artículo 49.4 de la Ley de Partidos Políticos, así como del artículo 34 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral porque no es cierto que estos textos contradicen la Constitución.
Mientras que el abogado Carlo Salcedo dijo que el Tribunal Superior Electoral, al parecer no ha entendido que la decisión que adoptó en relación a la Ley de Partidos y Régimen Electoral, es totalmente equivocada.
Recordó el derecho que tiene la Ley de Partidos y Régimen Electoral en el que se establecen los requisitos propios para el fortalecimiento de las agrupaciones políticas.
Observó que la decisión del Tribunal Superior Electoral sobre la candidatura de Leonel Fernández, rompe todo ese proceso establecido en la Ley de Partido y Régimen Electoral.
Los juristas Jorge Prats, Carlos Salcedo y Cristóbal Rodríguez hablaron al respecto, tras el Tribunal Constitucional conocer dos expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante la audiencia pública celebrada este viernes 29 de noviembre en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En la sesión también se ventiló el expediente TC-0i-2019-0045, que tuvo como accionante a Santo Hilario Cedeno, quien atacó los artículos 49 numeral 4, de la Ley número 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de 2018, y el artículo 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral número 15-19, de 2019.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.