Nacionales
Congreso y Gobierno advierten a la Barrick
El gobierno está decidido a revisar el contrato con la Barrick.
SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que ni el Gobierno, ni el Congreso tolerarán ninguna afrenta, y dijo que no harán nuevos llamados al diálogo a la empresa Barrick Gold.
Abel Martínez expresó que el organismo que dirige respaldará cualquier acción e iniciativa que tome el presidente Danilo Medina para que se revise el contrato, para que los términos sean favorables al interés nacional.
Agregó que el Poder Ejecutivo cuenta con los mecanismos legales y constitucionales para modificar el contrato de explotación de oro y que cuenta con el respaldo total del Congreso Nacional.
«Que quede claro, que ni el Congreso, ni el Gobierno van a permitir ninguna afrenta, el pueblo y el gobierno dominicano tienen dignidad, tiene la razón, tiene la justeza y los mecanismos legales y constitucionales para que el país sea resarcido con los beneficios de este contrato», recalcó.
La advertencia se produce luego de que Jorge Esteva, gerente de comunicaciones de Barrick Gold consideró que la renegociación del contrato de explotación de la mina Pueblo Viejo, planteada por el presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero, «no está sobre la mesa», y ante la advertencia del mandatario de someter un impuesto a las ganancias inesperadas, respondió «tener la esperanza de que estén considerando las consecuencias».
Los diputados Carlos Gabriel García, diputado Nacional, y el vice vocero del PRSC, Pedro Botello, respaldaron la posición del titular de la Cámara Baja.
Mientras que Alejandro Jerez, presidente de la Comisión de Minería, pidió a sus colegas evitar que el oro de Sánchez Ramírez y República Dominicana, se lo lleve la Barrick Gold sin pagar los tributos y lo justo al país.
Irrespeto
De su lado, el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, calificó como un irrespeto las declaraciones Jorge Esteva, gerente de Comunicaciones de la minera. «Como ellos dijeron a los dominicanos que nos acojamos a las consecuencias, nosotros devolvemos lo mismo. Yo he dicho que hay dos aves que admiro, que son el ruiseñor y el zumbador, porque son capaces de tumbar guaraguaos y halcones. Este país ya no está para halcones», dijo el funcionario.
Rojas Gómez les recordó a los ejecutivos de la Barrick que este es un país libre e independiente. «A nosotros no nos van a matar con cuco, eso se acabó aquí y lo demostramos en el 1965 y lo demostraremos cuando ellos quieran y donde ellos quieran», puntualizó.
Diario Libre
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.