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Conozca la nueva ley migratoria «más dura» en Florida
AGENCIA EFE
Miami, EEUU.-Florida, un estado de EE.UU. donde es inmigrante alrededor del 20 % de la población, contará a partir del 1 de julio con una dura ley migratoria que, según sus críticos, «deshumaniza» a los indocumentados y perjudica a la economía local.
Las voces en contra de la ley, que se han escuchado a lo largo de todo el trámite legislativo, se acrecentaron este miércoles con la llegada del texto al despacho del gobernador Ron DeSantis para su firma, que nadie duda que estampará, pues es el promotor.
Esta legislación busca crear una frontera falsa entre Florida y el resto de Estados Unidos. Está destinada a criminalizar a las personas que aún atraviesan por el complicado proceso de inmigración y a sus familias y amigos que visitan el estado», dijo la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Tessa Petit.
«Este no es un problema rojo (republicano) o azul (demócrata), es un problema humano», subrayó Bozzetto.
Las críticas a la ley vienen también desde el lado económico.
«Nuestras empresas tienen una gran necesidad de trabajadores en industrias clave como la construcción, la hospitalidad, la atención médica y la agricultura, que dependen en gran medida del trabajo de los inmigrantes indocumentados para mantener sus puertas abiertas», añadió.
Como ejemplo, Vilchez dijo que en Florida por cada 100 puestos de trabajo abiertos solo se presentan 70 candidatos.
Los puntos clave de la ley que entrará en vigor el 1 de julio próximo son los siguientes:
– Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
– Obliga a los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
– Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes.
– No reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin un estatus migratorio regulado.
– Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
– Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
– Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
– Asigna 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
EL CABALLO DE BATALLA DE DESANTIS
Muchas de las críticas vertidas contra este proyecto promovido por DeSantis, que ha hecho de la inmigración irregular o «ilegal», como él la califica, su caballo de batalla electoral, son precisamente por el componente electoralista que le achacan.
En la campaña de DeSantis para la reelección en 2022 tuvieron un importante peso sus quejas contra la «frontera abierta» que, según dice, ha creado la política migratoria del presidente Joe Biden.
Ahora que, según diversas fuentes, aparentemente está a punto de anunciar oficialmente su entrada a la carrera por la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024, acentúa su postura de mano dura contra los indocumentados.
Randy Fine, uno de los 83 republicanos que votaron a favor de la ley dijo que desde Florida no se puede resolver el problema migratorio, pues eso le corresponde a Washington, pero sí se puede enviar un mensaje: «estamos hartos».
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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