El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que en el presupuesto protegieron varios ministerios, como Educación, Salud y Obras Públicas
La reunión del Consejo de Ministros fue en el salón del consejo de gobierno, en el Palacio Nacional. PRESIDENCIA/
Santo Domingo, RD.-El Consejo de Ministros presentó ayer el proyecto general de presupuesto del Estado para el año 2021, que ascenderá a un billón de pesos.
Jochi Vicente, ministro de Hacienda, informó que la estimación de ingresos que han hecho las autoridades es de RD$746,000 millones y que proyectan tener un déficit de 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
El funcionario dijo que los gastos contemplados ascienden a la cifra de RD$891,000 millones.Además, explicó que la deuda del sector público no financiero está contemplada en el presupuesto por valor de 59.3% del PIB.Vicente calificó el proyecto de presupuesto como un esfuerzo compartido, que contiene ajustes “dentro de ciertos ministerios”.
“Hay ministerios protegidos”, señaló el ministro de Hacienda. Entre estos citó al de Educación para cumplir con el 4% del PIB, establecido en la legislación educativa nacional; también figuran los ministerios de Salud y Obras Públicas.
Por igual sostuvo que a los poderes del Estado se les estará protegiendo con la misma asignación presupuestaria del 2020.En cuanto a los demás ministerios, afirmó que se les hicieron “una serie de ajustes”.
Las nuevas autoridades tienen hasta el 1 de octubre para depositar ante el Congreso Nacional el presupuesto general del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó en 2019 un proyecto de RD$997,119.2 millones para el año 2020, que en ese momento equivalía a un aumento de 8.2% con relación a los RD$921,810.5 presupuestados en 2019.
El pasado 18 de septiembre, el Gobierno colocó 3,800 millones de dólares de bonos soberanos en el mercado internacional.Mediante un mensaje de voz que fue difundido por las redes sociales y los medios de comunicación, Vicente manifestó que el monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9,600 millones de dólares, es decir, más de 2.5 veces el monto que se requería.
“Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esta constituye la transacción más grande registrada en Centroamérica y el Caribe”, añadió el funcionario.
Aseguró que esta es una señal inequívoca de la confianza que los mercados in-ternacionales están dando al país y al actual gobierno.
“Estas tasas son altamente atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia”, dijo.
CRONO
18 de septiembre
Jochi Vicente destacó que la emisión de bonos estuvo amparada en el artículo 5 de la Ley 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución.
23 de enero
El 23 de enero pasado el Gobierno colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales por un monto total de US$2,500 millones.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.
