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Presidente Abinader volverá a ser escuchado sobre Haití por Consejo de Seguridad.
Luis Abinader adelantó este lunes que este martes durante su participación en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, hablará sobre el deterioro de la crisis en Haití e insistirá en el despliegue de la prometida misión para ayudar a pacificar el país vecino.
Durante su rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Abinader explicó que acudirá a la cita en respuesta a una invitación de su colega de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, cuyo país preside este mes el Consejo de Seguridad de la ONU.
Abinader, que viajará hoy mismo a Nueva York, insistirá sobre la necesidad del pronto despliegue de la misión multinacional que Kenia se ha ofrecido a liderar para ayudar a Haití a combatir las bandas armadas, pero que quedó en suspenso después de que el Tribunal Superior de Nairobi suspendiera el envío de mil policiales a la nación caribeña.
El presidente dominicano dijo que la situación, «más que un tema legal», es un asunto de financiamiento ya que Kenia «no es un país rico» para disponer de todos los recursos que requiere la misión.
El jefe de Estado ha advertido en varios escenarios sobre las repercusiones que tiene en República Dominicana la crisis en Haití, inmerso en una crisis profunda, con grupos armados que controlan Puerto Príncipe y otras partes del país y que son responsables de miles de asesinatos, secuestros y otros delitos.
806 personas que no estaban involucradas
La semana pasada, Naciones Unidas aseguró que la violencia creció en enero en Haití a niveles no vistos en más de dos años, un mes en el que al menos 806 personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos entre pandillas fueron asesinadas, heridas o secuestradas.
Además, unos 300 miembros de bandas resultaron heridos, con lo que el número total de personas afectadas superó las 1.100, más del triple que en enero del año pasado.
Esta situación de violencia ha llevado a que más de 300 mil personas se hayan convertido en desplazadas en Haití, tras abandonar sus hogares y refugiarse en un abanico de lugares en los que viven en condiciones infrahumanas.
Centenares de desplazados huyen de la guerra entre bandas
PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 12/02/2024.- Personas caminan por una vía con sus pertenencias hoy, en Puerto Príncipe (Haití). Centenares de habitantes de Cite-Soleil, al norte de la capital de Haití, se vieron obligados este lunes a huir de sus barrios, debido al creciente conflictos armados entre bandas que se disputan el territorio. EFE/ Siffroy Clarens
Centenares de habitantes de Cite-Soleil, en el norte de la capital de Haití, se vieron obligados este lunes a huir de sus barrios, debido a la creciente guerra entre bandas que se disputan el territorio.
Desde hace unos días, el grupo armado de Chen Mechan, miembro de la coalición G9, y el grupo de Ti Gabriel, de la coalición GPEP, se enfrentan para conquistar más territorio en Puerto Príncipe.
En el transcurso de estos choques se ha informado de unos tres muertos y varios heridos, mientras muchas casas han sido incendiadas, lo que ha obligado a la gente a refugiarse en las plazas públicas de las calles, donde viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos como agua, electricidad y atención sanitaria.
Durante muchos años, la comuna de Cite-Soleil ha sido presa de intensos conflictos armados, que han causado decenas de muertos, numerosos heridos y centenares de desplazados.
PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 12/02/2024.- barrios, debido al creciente conflictos armados entre bandas que se disputan el territorio. EFE/ Siffroy Clarens
Haití atraviesa una aguda crisis política, económica y social, a la que se suma la extrema violencia a manos de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas y que cometen matanzas, violaciones, secuestros, ataques y otros delitos que han llevado a miles de personas a abandonar sus casas y convertirse en desplazados internos o huir del país.
De acuerdo con la ONU, la violencia creció en enero en Haití a niveles no vistos en más de dos años, un mes en el que al menos 806 personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos entre pandillas fueron asesinadas, lesionadas o secuestradas, aparte de los 300 miembros de bandas que resultaron heridos, con lo que el número total de personas afectadas ascendió a 1.108, más del triple que en enero de 2023.
Además más de 313.000 personas se encuentran desplazadas internas en el país, según datos publicados en enero por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), de las cuales más del 60 % tuvieron que huir durante 2023, ilustrando el deterioro de la situación humanitaria.
Miles de haitianos acudieron la semana pasada a las calles para reclamar la salida del poder del primer ministro, Ariel Henry, cuyo mandato concluyó el 7 de febrero pasado, conforme a un acuerdo firmado en diciembre de 2022 con partidos de oposición, representantes de la sociedad civil y el beneplácito de la comunidad internacional.
En las violentas protestas de la semana pasada para exigir su salida, al menos seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas.
Haití está a la espera de la llegada de la misión multinacional de apoyo a la seguridad aprobada por la ONU en octubre pasado, que estará encabezada por Kenia y que aún no se ha materializado.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.