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Presidente Abinader volverá a ser escuchado sobre Haití por Consejo de Seguridad.
Luis Abinader adelantó este lunes que este martes durante su participación en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, hablará sobre el deterioro de la crisis en Haití e insistirá en el despliegue de la prometida misión para ayudar a pacificar el país vecino.
Durante su rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Abinader explicó que acudirá a la cita en respuesta a una invitación de su colega de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, cuyo país preside este mes el Consejo de Seguridad de la ONU.
Abinader, que viajará hoy mismo a Nueva York, insistirá sobre la necesidad del pronto despliegue de la misión multinacional que Kenia se ha ofrecido a liderar para ayudar a Haití a combatir las bandas armadas, pero que quedó en suspenso después de que el Tribunal Superior de Nairobi suspendiera el envío de mil policiales a la nación caribeña.
El presidente dominicano dijo que la situación, «más que un tema legal», es un asunto de financiamiento ya que Kenia «no es un país rico» para disponer de todos los recursos que requiere la misión.
El jefe de Estado ha advertido en varios escenarios sobre las repercusiones que tiene en República Dominicana la crisis en Haití, inmerso en una crisis profunda, con grupos armados que controlan Puerto Príncipe y otras partes del país y que son responsables de miles de asesinatos, secuestros y otros delitos.
806 personas que no estaban involucradas
La semana pasada, Naciones Unidas aseguró que la violencia creció en enero en Haití a niveles no vistos en más de dos años, un mes en el que al menos 806 personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos entre pandillas fueron asesinadas, heridas o secuestradas.
Además, unos 300 miembros de bandas resultaron heridos, con lo que el número total de personas afectadas superó las 1.100, más del triple que en enero del año pasado.
Esta situación de violencia ha llevado a que más de 300 mil personas se hayan convertido en desplazadas en Haití, tras abandonar sus hogares y refugiarse en un abanico de lugares en los que viven en condiciones infrahumanas.
Centenares de desplazados huyen de la guerra entre bandas
PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 12/02/2024.- Personas caminan por una vía con sus pertenencias hoy, en Puerto Príncipe (Haití). Centenares de habitantes de Cite-Soleil, al norte de la capital de Haití, se vieron obligados este lunes a huir de sus barrios, debido al creciente conflictos armados entre bandas que se disputan el territorio. EFE/ Siffroy Clarens
Centenares de habitantes de Cite-Soleil, en el norte de la capital de Haití, se vieron obligados este lunes a huir de sus barrios, debido a la creciente guerra entre bandas que se disputan el territorio.
Desde hace unos días, el grupo armado de Chen Mechan, miembro de la coalición G9, y el grupo de Ti Gabriel, de la coalición GPEP, se enfrentan para conquistar más territorio en Puerto Príncipe.
En el transcurso de estos choques se ha informado de unos tres muertos y varios heridos, mientras muchas casas han sido incendiadas, lo que ha obligado a la gente a refugiarse en las plazas públicas de las calles, donde viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos como agua, electricidad y atención sanitaria.
Durante muchos años, la comuna de Cite-Soleil ha sido presa de intensos conflictos armados, que han causado decenas de muertos, numerosos heridos y centenares de desplazados.
PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 12/02/2024.- barrios, debido al creciente conflictos armados entre bandas que se disputan el territorio. EFE/ Siffroy Clarens
Haití atraviesa una aguda crisis política, económica y social, a la que se suma la extrema violencia a manos de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas y que cometen matanzas, violaciones, secuestros, ataques y otros delitos que han llevado a miles de personas a abandonar sus casas y convertirse en desplazados internos o huir del país.
De acuerdo con la ONU, la violencia creció en enero en Haití a niveles no vistos en más de dos años, un mes en el que al menos 806 personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos entre pandillas fueron asesinadas, lesionadas o secuestradas, aparte de los 300 miembros de bandas que resultaron heridos, con lo que el número total de personas afectadas ascendió a 1.108, más del triple que en enero de 2023.
Además más de 313.000 personas se encuentran desplazadas internas en el país, según datos publicados en enero por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), de las cuales más del 60 % tuvieron que huir durante 2023, ilustrando el deterioro de la situación humanitaria.
Miles de haitianos acudieron la semana pasada a las calles para reclamar la salida del poder del primer ministro, Ariel Henry, cuyo mandato concluyó el 7 de febrero pasado, conforme a un acuerdo firmado en diciembre de 2022 con partidos de oposición, representantes de la sociedad civil y el beneplácito de la comunidad internacional.
En las violentas protestas de la semana pasada para exigir su salida, al menos seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas.
Haití está a la espera de la llegada de la misión multinacional de apoyo a la seguridad aprobada por la ONU en octubre pasado, que estará encabezada por Kenia y que aún no se ha materializado.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.