Santo Domingo, RD.-El Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores fue anulado por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), el cual fue convocado el 30 de enero del pasado año para cubrir plazas en distintos distritos judiciales del país.Nacionales
Suspenden concurso de 2020 para aspirantes a fiscalizadores
Santo Domingo, RD.-El Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores fue anulado por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), el cual fue convocado el 30 de enero del pasado año para cubrir plazas en distintos distritos judiciales del país.El órgano rector del Ministerio Público estableció, mediante resolución, dispuso la anulación debido a las dificultades acaecidas durante la ejecución del concurso y que imposibilitan asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y la transparencia del proceso.
Con la decisión quedó sin efecto la Quinta Resolución de la Segunda Sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 30 de enero del año 2020, que autoriza su realización y la Tercera Resolución de su décima sesión de fecha 25 de junio del año 2020 que modifica las bases de dicho concurso.
De acuerdo a informaciones obtenidas en Listín Diario, los aspirantes no habían sido seleccionados aún.
Las plazas concursadas, unas 220 en total, correspondían a jurisdicciones como las de Azua, Barahona, Dajabón, Distrito Nacional, Duarte, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Las Matas de Farfán, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel.
El CSMP establece en la resolución que la recepción de expedientes se ejecutó en la sede de la Procuraduría General de la República en el período comprendido entre el 16 y el 20 de marzo, destacando que durante esa fase la COVID-19 era catalogada como una pandemia por los organismos internacionales.
La decisión del consejo, presidido por la procuradora general, Miriam Germán Brito, está contenida en la primera resolución del acta de su décima sexta sesión ordinaria, de fecha 21 de julio de 2021. La decisión fue aprobada a unanimidad por el órgano integrado además por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, la fiscal María Rosalba Díaz, y el fiscalizador Juan Gabriel Pereira.
Previo a la anulación del concurso, el Consejo Superior del Ministerio Público creó en enero pasado una comisión conformada por Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y miembro de ese alto órgano, y el director de la Unidad de Análisis Constitucional, a los fines de examinar y rendir un informe sobre el proceso llevado a cabo por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público con relación al concurso que fue suspendido en su tercera fase.
En ese sentido, destaca que como parte de los trabajos de esa comisión solicitó un informe a la rectora de la academia, Marien Montero Beard, sobre todo lo relativo a dicho concurso, el cual fue presentado en julio pasado al CSMP.
Anteriormente, en fecha 15 de abril del año 2021, el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público había aprobado solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público dejar sin efecto las resoluciones que dieron lugar al Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.