Franklin Almeyda R.

Sería una mala decisión hacer una ley de partidos como un traje a la medida de su forma y comportamiento. Están desfasados, incluyendo al PLD. No están abiertos al ejercicio democrático interno; sus procesos, cuando se celebran, son defectuosos y hasta violentos.Los dirigentes principales resisten, por incapacidad o negadores de la democracia interna, y no dan pasos a que los afiliados (identificados adecuadamente en el padrón partidario y que debe ser depositado en la JCE y en el TSE), elijan a sus dirigentes y los candidatos de elección popular.

Los que tienen padrón de membresía, seguro defectuoso, no disponen otra forma de elegir a sus propios dirigentes y candidatos, sino es con el dedo. A su vez, recurren, apoyados por la sociedad civil, a que sea el Estado que por fórmulas contrarias a principios básicos en el ejercicio democrático, establezca normas en la Ley que es de atribución constitucional de los partidos y no de los organismos electorales del Estado.

Constituye, así mismo, una violación a normas establecidas sobre la igualdad de oportunidades y equidad, que se aplican en todas las actividades oficiales del Estado, irrespetar los derechos, ya no sólo de la legislación nacional, sino incluso en los propios Estatutos que los rigen, aprobados por la JCE.

En el PLD hace 16 años que no se celebran procesos democráticos internos para elegir dirigentes, excepto la de aumentar la plantilla del Comité Central y del CP. Ni siquiera creando nuevos intermedios con lo que en el PLD se le denomina “multiplicación”; esos organismos partidarios tienen cien y hasta trescientos comités de base, cuando deben tener treinta o menos.

La sociedad civil y sectores de opinión yerran cuando apañan la haraganería o disfuncionalidad de los partidos, cuando por su incapacidad de organizar primarias internas democráticas, para hacer sus propuestas de candidatos a elección popular, sugieren el voto preferencial y las primarias simultáneas y con el Padrón de la JCE, porque no tener uno propio.

Tienen razones los que hacen reservas de derecho para hacer respetar principios constitucionales y decisiones como la sentencia del 16 de marzo de 2005 de la SCJ, la que es irrevocable amparada en el Art. Constitucional 277, sobre las primarias simultáneas.

En consecuencia, la Ley de Partidos no debe ser un traje hecho a sus medidas, sino que los adecúe a los avances del país e incorporarlos a la tecnología digital, la ciencia, el conocimiento y la innovación.

Por ser ley orgánica y las razones dichas, debe ser consensuada con amplios sectores.
De crear las condiciones para que las organizaciones políticas hagan ingentes esfuerzos, tendremos un ambiente político para dirigir un Estado y una Nación progresista.

De pronto, la crisis en los partidos debe ser detenida, porque el régimen democrático descansa en ellos. Por más críticos que sean los poderes fácticos, no son ellos los que sostienen la democracia, ellos buscan espacios para proteger sus intereses, pero saben que los partidos y no ellos sostienen la democracia.

La Ley de Partidos y la Electoral deben ser armonizadas, siendo también necesario el consenso, no sólo de los partidos, sino con la sociedad.

El PLD tiene una gran oportunidad para empezar, aprobando los ocho reglamentos en la reunión del CC el 22 de abril, y superar sus grandes debilidades.

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