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36 millones son considerados pocos para remoción del Huacalito de La Vega

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La Vega, RD.-Tras el presidente Luis Abinader disponer a Bienes Nacionales crear una comisión para rehabilitar y remodelar el Edificio de Oficinas Públicas Juan Pablo Duarte, conocido como el «Huacalito», de La Vega, y el correo de Santiago, con una inversión de 36 millones de pesos, el ingeniero y presidente del Instituto Duartiano en la provincia, César Arturo Abréu Fernández, consideró que la suma no es suficiente.

“Hay para eso 36 millones, que yo lo encuentro poco. Yo lo encuentro poco para intervenir en los dos edificios, yo no sé el de Santiago cómo está, pero el de La Vega requiere una inversión fuerte, cuantiosa”, estableció Abreu Fernández.

Indicó que, para determinar un monto de inversión, hay que ponderar el edificio, en su experiencia, “le hiciera un experticio en cuanto al deterioro que ha sufrido, si resiste un temblor de tierra, por ejemplo”.

Además, cuando se filtra el agua por el techo, las varillas que son de hierro se oxidan y se deterioran, por lo que también se debe hacer un estudio de vulnerabilidad.

No obstante, los datos que se han ofrecido sobre esta intervención, como cuando iniciará o concluirá, la fuente de procedencia de la inversión monetaria, si es desde la Presidencia o si es desde Presupuesto de la Nación, resultan escasos.

El ingeniero César Arturo afirmó que, aunque las inversiones del Gobierno siempre toman tiempo, ya que hay que esperar que aprueben el presupuesto, y “en palacio las cosas caminan despacio”, “estamos bien porque se movieron las cosas y el presidente ya está enterado, porque parece que no lo sabía” (refiriéndose a las condiciones deplorables en las que se encuentra el Huacalito en la actualidad).

El pasado jueves 6 de junio el director de la Dirección General de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó a LISTÍN DIARIO que se creó una comisión para rehabilitar y remodelar el Edificio de Oficinas Públicas Juan Pablo Duarte conocido como el Huacalito de La Vega para devolverle el “esplendor” a esa edificación.

Además, agregó que la comisión ya se encuentra trabajando en el informe sobre las infraestructuras y que los fondos asignados para intervenir este edificio junto al del correo de Santiago ascienden a 36 millones de pesos.

Burgos expresó que ambos edificios se pondrán en condiciones óptimas para que la ciudadanía pueda acudir allí a buscar servicios sin ninguna dificultad, por lo que harán un trabajo lo más profundo posible.

Aseveró que van a ir más allá de las necesidades del edificio, proveyéndolo de confort, aire acondicionado, muebles, comunicaciones y adecuar el entorno.

Las condiciones precarias y de deterioro en las que se encuentra este complejo de instituciones públicas, donde funciona la Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Educación, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección Provincial de Salud Pública de La Vega, fueron denunciadas por este medio a través de una serie de reportajes.

Además, el edificio nunca se cierra, pues hace años las puertas de cristal tanto de la zona trasera como la delantera las tumbaron, algunas se las robaron y hasta el día de hoy permanece abierto.

Otra situación difícil se produce cuando llueve, pues el agua penetra y se inundan los alrededores.

El edificio está en la calle María Trinidad Sánchez de La Vega y, debido a las precariedades, los usuarios se quejan por el mal servicio, por lo que reclamaban a las autoridades su intervención.

¿QUÉ PASARÁ CON EL OTRO HUACALITO?

Con respecto a la otra edificación donde se pretendía mover al Huacalito de La Vega y que actualmente se encuentra en condiciones deplorables, a medio hacer y cerrado con mallas ciclónicas, Burgos dijo que realizó una visita a este lugar hace un mes, haciendo un levantamiento también por instrucciones del presidente y hasta el momento están esperando que se apruebe un proyecto para esta zona.

“En ese caso nosotros estamos esperando que el señor presidente apruebe un proyecto para ese lugar, pero no tenemos todavía la aprobación hasta que él no decida si va a hacer un centro cívico u otro edificio de oficinas públicas. Estamos esperando su decisión”, puntualizó.

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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