Comunidad en el exterior
Construirán 38 apartamentos en escuela Roberto Clemente de Filadelfia
Por Polón Vásquez
FILADELFIA, PA—A un costo que sobrepasa los 18 millones de dólares, Esperanza anunció esta semana, la construcción de 38 apartamentos de alquiler y 5 mil pies cuadrados de nuevo espacio comercial, en el edificio que antes alojaba la escuela Roberto Clemente, al norte de la ciudad fraternal.
El anuncio sobre la construcción del inmueble fue hecho durante una ceremonia efectuada la tarde del viernes 13 de octubre, frente al edificio localizado en la intercepción de las calles 5 y Luzerne, donde asistieron autoridades universitarias, municipales, líderes de organizaciones comunitarias, personalidades invitadas y Legisladores Estatales.
La escuela Roberto Clemente había sido clausurada hace varios años y luego de haber examinado sus estructuras, se determinó que el edificio estaba en buenas condiciones físicas para ser remodelado y establecer allí, un centro de viviendas para familias de bajos ingresos y un nuevo espacio comercial disponible en Hunting Park.
Este espacio de 6 pisos que estuvo cerrado por años, están siendo desmolidos los primeros tres pisos de arriba y en los últimos tres pisos, serán construidos los 38 apartamentos de viviendas.
Líderes educativos, religiosos, comunitarios, congresistas, personalidades y autoridades estatales y municipales, la construcción del nuevo edificio es una obra de vital interés para el sector de Hunting Park.
Con la construcción de la obra, se creara un mejor vecindario en el sector de Hunting Park, con el cual se aumentará la población y dinamizara las actividades empresariales y comerciales.
“Después de 10 años de trabajo, ha llegado el momento de empezar el proyecto de viviendas, que para nosotros es sumamente importante”, dijo Luis Cortes Jr. Rector de Esperanza College.
“Estamos tomando la escuela Roberto Clemente que estaba cerrada y la vamos a transformar en un edificio grande de 38 unidades de viviendas para personas de mediano y bajos ingresos”, explicó el religioso.
“La inversión viene de 11 grupos, incluyendo el Estado de Pennsylvania, la Ciudad de Filadelfia y otros que pondrán 18 millones de dólares. El inmueble era originalmente una factoría, luego una escuela y ahora será un edificio de apartamentos para la comunidad”, continuó diciendo Cortes Jr.
“Nosotros hemos desarrollado el proyecto, lo administraremos y ahora habrá un grupo que trabajará con Esperanza para buscar las 38 familias que habitaran el edificio cuando esté terminado”, precisó Luis Cortes.
Durante la ceremonia hablaron Jim Kenney, Alcalde de Filadelfia, Derrick Clark, Presidente del Consejo de la ciudad, Kelvin Jeremiah, Presidente de la Autoridad de Viviendas, la Concejal María Quiñones, los congresistas Ángel Cruz y Christine Tartaglione.
Kenney, Clark y Jeremiah felicitaron la iniciativa de las autoridades del sector y afirmaron que los líderes de la comunidad están trabajando unidos por el bienestar de la población al norte de Filadelfia.
“La mejor manera de respaldar al vecindario es escuchando a sus moradores y ayudarlos en lo que ellos quieran y sus líderes están haciendo un buen trabajo”, manifestó Jim Kenney.
“Yo como una estudiante que me crie en esta zona y tuve la oportunidad de asistir a la escuela Roberto Clemente, me lleno de orgullo poder ser parte de la transformación de este proyecto”, dijo la concejal María Quiñones.
“Nosotros pensamos que la transformación de éste edificio va a ser sumamente importante en la renovación de lo que estamos llamando, el norte de la calle 5, el sector total que será una combinación de espacio comerciales para crear trabajo y las viviendas para las familias”, manifestó Quiñones Sánchez.
“Si trabajamos unidos, podemos hacer muchas cosas buenas por la comunidad y, hay otros edificios en esta forma que se pueden utilizar a beneficio de la gente necesitadas”, dijo Ángel Cruz en un breve discurso que pronunció.
El edificio está ubicado en el bloque 3921-61 de la calle 5 esquina calle Luzerne al norte de Filadelfia, a pocos metros de Esperanza.
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- Son dominicanos los dos hombres baleados la noche del pasado Domingo de Pascua en el distrito de Brooklyn, en esta ciudad, uno de los cuales murió.
Las víctimas son José Ureña Morán, de 30 años, y otro hombre de 50 que no ha sido identificado.
El agresor es el hondureño Michael Mendoza Cardona, de 24 años, quien fue acusado el pasado lunes de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de armas.
El tiroteo ocurrió frente a un edificio de la calle Fulton, en el sector Cypress Hills.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso disparó contra Ureña Morán y el otro hombre mientras se encontraban debajo de la plataforma elevada del metro de la línea J, entre las calles Cleveland y Elton, cuando estaban de pie en la acera, cerca de un grupo de tres personas.
Después de que uno de los hombres pareciera dirigirse al grupo, el presunto atacante sacó un arma y disparó varias veces contra él y otro hombre que se encontraba a su lado.
Las imágenes también muestran que el atacante continuó disparando contra las víctimas, incluso, mientras estas permanecían inmóviles en la acera.
Ambos hombres fueron trasladados en estado crítico al Centro Médico Universitario Brookdale. Posteriormente, Ureña Morán, residente de Cypress Hills, fue declarado muerto, de acuerdo con la policía.
jt-am-sp
COLUMBIA.- Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene previsto comparecer este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
El tribunal ordenó que dichos documentos no podrán ser divulgados ni utilizados en otros procedimientos, y su acceso queda limitado al equipo legal del acusado, excluyendo a familiares, amigos o terceros no autorizados.
Además, la medida pone especial énfasis en la protección de información considerada sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, agentes encubiertos, registros médicos y detalles de investigaciones en curso.
NO PUEDE RESENTARSE EN DOCUMENTOS JUDICIALES ABIERTOS
Según la orden, este tipo de material no podrá hacerse público ni presentarse en documentos judiciales abiertos, salvo autorización expresa del tribunal, y deberá ser manejado bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El juez también estableció que, aunque los abogados pueden mostrar parte de la evidencia al acusado para preparar su defensa, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos.
Asimismo, se dispone que cualquier disputa sobre el carácter confidencial de las pruebas deberá ser resuelta inicialmente entre las partes antes de acudir al tribunal.
La orden permanecerá vigente incluso después de concluido el caso, y no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley.
Con esta medida, las autoridades buscan proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas, mientras avanza el proceso judicial.
TAMBIÉN PROHIBIÓ DIVULGACIÓN DE:
Números de teléfono, correos electrónicos, licencias de conducir u otra información identificativa; información sobre fuentes confidenciales del gobierno, Identidad de agentes encubiertos, Información que ponga en riesgo la seguridad de testigos.
Asimismo, información privada de terceros no relacionados con el caso, historial médico o de salud mental, métodos de investigación de las autoridades e información que afecte investigaciones en curso o futuras.
También está prohibido divulgar datos de sistemas internos policiales y declaraciones o información tributaria.
an/am
NUEVA YORK.- Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un policía tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución en Long Island.
Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34, y Madinson Silverio Ventura, de 27, enfrentan cargos por lesiones físicas graves a un agente del orden.
El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Lindenhurst.
De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.
El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.
Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.
Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.
Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, Santana Sánchez y Silverio Ventura el 19 de marzo en un hotel de El Bronx.
Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.
El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.
La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026.
Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión.
jt-am