Pina Toribio y Fadul entrega el proyecto al presidente de la Cámara de Diputados.

La sociedad civil dio su espaldarazo al proyecto de ley de naturalización y regularización migratoria, sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que el proyecto “constituye una genialidad  y una verdadera joya desde el punto de vista jurídico e institucional”.

“Se trata de una propuesta legislativa bien elaborada jurídicamente y que no choca con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en ninguno de sus aspectos, ni contraviene la Constitución de la República”, sostuvo.

Estimó que los dominicanos deben sentirse orgullosos en esta ocasión, de que el presidente de la República le dio una respuesta genial e institucional a un problema que era al Estado dominicano al que más le ha estado afectando.

El jurista destacó, además, que el proyecto se fundamenta en el artículo 18, numeral 2, de la Constitución del año 2010, que establece que son dominicanos aquellos que el Estado había reconocido como tales desde la promulgación de esa disposición

“La propuesta legislativa fue bien concebida y consensuada por el presidente Danilo Medina y que se fundamenta en los principios de legitimidad con los que cuentan los actos de la administración del Estado”

Dijo que la Finjus respalda el proyecto por estar fundamentado en base jurídica y porque coincide con la posición de esa entidad sobre la problemática que representa la falta de regulación de extranjeros en el país.

Precisó que esa pieza legislativa no procura obligar a la Junta Central Electoral (JCE) a inscribir a nadie en el registro electoral, sino que valida lo que había inscrito.

El jurista expuso que el problema no lo creó la sentencia del Tribunal Constitucional, sino el Estado dominicano, y con la disposición lo que esa alta corte hizo fue revelar que la República Dominicana tenía una grave dificultad en materia migratoria y regulación de naturalización de ciudadanos.

Iniciativa positiva

Mientras que Participación Ciudadana evaluó como positiva la iniciativa legislativa para resolver la situación de los afectados en sus derechos por la sentencia del Tribunal Constitucional.

En un comunicado, el movimiento cívico señaló que “devolver la nacionalidad a decena de miles de personas es un paso de avance ante el drama humano que durante décadas el Estado dominicano ha permitido a través de sus deficiencias institucionales y burocráticas, reconociendo que los mismos nacieron en el territorio dominicano, que le fue expedido un documento de identidad, que desarrollaran su vida civil y generaron un arraigo indiscutible en la sociedad dominicana”.

Los fundamentos de los principios democrático, voluntad popular y pro homine permiten a los órganos públicos resolver las situaciones generadas a partir de la sentencia del TC, no sin antes reconocer la situación que enfrentan las personas que han sido desprovistas de su documento de identidad sin el cumplimiento de un debido proceso constitucional,  las cuales se han comportado bajo la premisa de que gozan de nacionalidad dominicana y cuyas consecuencias compete al Estado enfrentar ya que fue éste último que lo proveyó de la documentación correspondiente.

Proyecto respeta sentencia

De su lado, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, respeta la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) y los principios democráticos.

Aseguró que la pieza legislativa, además de reconocer las decisiones del TC que establece los principios para adquirir la nacionalidad dominicana, resuelve un problema de derechos humanos de acuerdo como lo establece la propia Constitución.

“Con esta ley el Congreso de la República fue apoderado de una decisión seria, responsable y conforme a los principios democráticos y el Estado de Derecho que debe prevalecer en el país”, enfatizó el máximo representante del Ministerio Público.

Destacó que se trata de un proyecto de ley consensuado con los principales líderes de la nación, entre ellos, los sectores políticos, las diferentes iglesias, los empresarios y la sociedad civil que han sido en gran medida consultados.

Rosario analizará

Por su lado, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, sostuvo que cuando estudie y analice el proyecto de ley especial de naturalización, que presentó el presidente Danilo Medina ante el Congreso, emitirá su opinión porque no se va a precipitar a opinar sobre un tema tan delicado y que lo involucra como funcionario público.

“En mi caso particular debo ser cuidadoso porque el proyecto toca todo lo que son mis atribuciones como funcionario público desde el punto de vista registral porque la JCE tiene el monopolio y exclusividad del Registro Civil y, desde el punto de vista migratorio, porque soy miembro del Consejo Nacional de Migración por tanto no puedo dar una opinión por lo que veo en la prensa, sino sobre la base de los documentos oficiales”, expresó.

Sostuvo que una vez estudie el proyecto emitirá una opinión sobre la propuesta, pero que lo hará por escrito para evitar malentendidos debido a la delicadeza del tema. Rosario también dijo que hasta el momento la Junta no ha sido notificada sobre ese proyecto.

Desacuerdo

Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), afirmó que es preferible revisar con calma el referido proyecto y enmendar las partes que deban modificarse, “porque ahora mismo es lo que más se asemeja a una ley de amnistía general, tal como resulta de la combinación de los artículos 2 y 5 del anteproyecto en cuestión”.

Dijo que las autoridades nacionales deben resolver el problema migratorio a la luz de las leyes ya existentes, especialmente la 285-04, creada a propósito para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio dominicano.
Recordó que también existen leyes reguladoras de la naturalización, como la 16-83 de 1948, cuyas normas disponen ya cómo deben las personas naturalizarse de manera ordinaria.

Consultas alteraron el ritmo de Danilo

El polémico debate y todo el proceso de discusión que se produjo a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) alteraron el ritmo de trabajo del presidente Danilo Medina, pues tuvo que incluir en su agenda un tema que no era propiamente del Ejecutivo. La afirmación es del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien, sin embargo, dijo que el jefe de Estado estuvo atento a todos los demás temas de agenda del Gobierno. El funcionario afirmó también que el proceso que se siguió y el resultado del mismo satisfacen al Presidente.

“Sin su tenacidad, sin su perseverancia, sin su sensibilidad frente a muchos de los aspectos de este problema y ese trabajo de búsqueda de consenso no hubiese podido darse una solución.  Para mí, el Presidente merece el reconocimiento, fue su trabajo, fue su vocación de buscar la solución posible y fue su respeto a la institucionalidad lo que dio este resultado”, dijo el funcionario al ser entrevistado la mañana de ayer en el programa Matinal del grupo Telemicro.

Jurista
Juan Miguel Castillo Pantaleón considera que el proyecto es compatible con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional”.

Agropecuario
El sector agropecuario valoró como trascendente en término jurídico, económico y humano el proyecto de ley de naturalización”.