Nacionales
Contradicciones del PRM frente a la Operación Falcón.
El diputado Nelson Marmolejos acaba de declarar que no tiene nada que ver con la red de narcotráfico en el que se le involucra, pero ofrece un detalle que contradice lo planteado públicamente por el secretario Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en el sentido de que el que esté imputado en el escandalo debe responder ante la justicia.
Esa declaración de Paliza se contradice con lo dicho por Marmolejos en el sentido de que en una reunión del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), se le impuso que no hable sobre el particular, lo cual quiere decir que esta organización ha armado una especie de estrategia para defender a los legisladores imputados y que son miembros o dirigentes del mismo.
Otro elemento que se agrega a la investigación es el hecho de que la distribuidora de energía Edenorte Dominicana envió una sobrecarga de electricidad al Palacio de Justicia de Santiago que provocó varios apagones y daños, lo cual no es atribuido por el Ministerio Publico a una casualidad en virtud de que en ese momento se desarrollaban trabajos relacionados con el caso Falcon.
Las sospechas sobre lo ocurrido si se asocia a lo dicho por Marmolejos se puede colegir que el PRM le ha dado algún manejo al asunto, aunque el diputado involucrado no explica si habla de la dirección de su partido en el municipio de Santiago o de la nacional, cuya sede es en Santo Domingo.
Sin embargo, lo ocurrido en el Palacio de Justicia genera serias preocupaciones en torno al manejo que le da el PRM a la Operación Falcón, sobre todo si se parte del hecho de que quien dirige a Edenorte es el presidente del partido de Gobierno en el municipio de Santiago, el ingeniero Andrés Cueto, donde precisamente tiene su principal lugar de operación la red de narcotráfico.
En el curso de las horas se agregan elementos muy preocupantes como el de la suspensión de un ejecutivo del departamento de lavado de activos de la Procuraduría General de la República por supuestamente servir desde ese cargo público a narcotraficantes.
Ahí podría estar la explicación de que los capos perseguidos logren desaparecerse cuando se producen los allanamientos, porque son informados por personas que trabajan en el sistema de justicia y en los cuerpos castrenses, así como en la Policía Nacional.
La situación planteada con esta poderosa red de narcotráfico es de una gran preocupación para el Estado, ya que nadie tiene dudas de que todo el andamiaje legal ha sido permeado por los que se mueven en el bajo mundo.
De acuerdo a lo que ha trascendido habrán muchas más sorpresas en lo que respecta a la cantidad de legisladores y políticos involucrados con los negocios del bajo mundo.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.