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Instalan Unidad de Auditoría Interna en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)
Santo Domingo, D. N.- Por primera vez en los 95 años de su fundación, la seguridad presidencial (CUSEP) cuenta con una unidad de auditoria interna de la Contraloría General de la República, cuyo fin es transparentar el uso de recursos en todas las instituciones del Estado, incluso en las vinculadas a su seguridad.
La firma del acta de apertura y el corte de cinta estuvieron encabezados por el contralor general de la República, Félix Antonio Santana García y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, mayor general Jimmy Arias Grullón, en compañía de ejecutivos y militares de alto rango vinculados a ambas entidades.
Próximamente también serán puestas en funcionamiento las correspondientes al Primer Regimiento de la Guardia Presidencial y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, también vinculadas a los cuerpos castrenses.
El contralor Santana García expresó la satisfacción de actuar en conexión con el nivel de control y transparencia dispuesto por el presidente Luis Abinader, al tiempo de enfatizar que “nuestra meta es cubrir todas las instituciones, que no se nos quede ninguna, con el propósito de que haya un control real de todos los recursos”.
En tanto que el mayor general Jimmy Arias Grullón, E.R.D., Jefe del CUSEP, indicó que “como expresa el principio de transparencia: debemos respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como facilitar el acceso a cualquier persona a dicha información, a través de los medios y procedimientos de lugar”.
Santana García también sostuvo en sus palabras centrales que todo funcionario público que maneje recursos del presupuesto general del Estado, necesariamente, tiene que ser controlado y tiene que poner en práctica los cinco pilares del control interno: ambiente de control, la valoración y administración de riesgos, las actividades de control, información y comunicación, el monitoreo y evaluación, las cuales conforman las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci)”.
La bendición de la nueva Unidad de Auditoría Interna del CUSEP estuvo a cargo de su capellán, Francisco Martín Gutiérrez. La ocasión fue aprovechada por el jefe del CUSEP para agradecer al equipo de la Contraloría y al interés del presidente Luis Abinader de hacer que esa entidad dé un salto y se encamine hacia una real transformación, constituyendo un acto sin precedentes en sus 95 años de fundado.
La nueva UAI fue puesta en funcionamiento de inmediato bajo la responsabilidad de su encargada Arorka Vargas y la auditora Carmen Damaris Félix.
En el acta de apertura se estableció que el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) dotará a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del espacio físico para desempeñar sus labores, y de los materiales y suministros de oficina necesarios, así como informaciones que permitan el logro de los objetivos de fiscalización de la UAI.
Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna realizará evaluaciones objetivas de los procesos y fungirá como asesor de la institución en materia de control interno. De igual forma, coordinará y evaluará la labor de la UAI, en representación oficial de la Contraloría General.
Esta Unidad del CUSEP es la número 266 y en los próximos meses se tiene contemplado la instalación de otras once, en igual cantidad de instituciones del Estado.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.