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Suspenden registros de proveedores del Estado a 225 funcionarios
Los registros de 225 funcionarios electos o designados que tenían participación accionaria en empresas proveedora del Estado, según lo informó la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
La información fue ofrecida por el titular de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al pasar balance al primer año de gestión al frente del órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Indicó, además, que inhabilitó a 41 proveedores por diversas prácticas violatorias de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Pimentel explicó que este incremento se debe “a la confianza depositada por parte de las mipymes que día a día se acercan a la institución con el interés de formar parte del mercado público en calidad de proveedores del Estado”.
Según los datos de la entidad, las nuevas mipymes registradas se incrementaron en un 243 % con respecto al año previo, y en el caso específico de las mipymes lideradas por mujeres, aumentaron en un 297 %.
Durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2020 al 31 de julio de este año, se realizaron 51,730 procesos de contrataciones, es decir, un 11.8 % menos que el año previo, “apalancado en la política de reducción y eficiencia del gasto público, lo que refleja un gasto de RD$82,398,732,936.19, para un 28.5 % menos que el año anterior”, dijo Pimentel.
El funcionario sostuvo que, en este primer año de gestión, Contrataciones Públicas ha observado un incremento importante en materia de las ofertas recibidas, tanto a nivel global como en promedio por modalidad de compra. En ese sentido, se recibieron un total de 167,652 ofertas, para un incremento de 35.5 % con respecto al año previo.
“En todas las modalidades de compras se incrementó el número de ofertas recibidas, con un promedio mínimo de 33 %, siendo el sorteo de obras el procedimiento que creció de manera más relevante en términos de ofertas recibidas, con un incremento de 10,120 %, pasando de un promedio de 10 ofertas recibidas a 1,022 durante este año de gestión”, destacó.
La DGCP también ha emitido 333 resoluciones (recursos jerárquicos, medidas cautelares, entre otras decisiones) y anulado un total de 17 procesos, que envuelven un monto ascendente a RD$2,634 millones.
Asimismo, ha emitido siete resoluciones de políticas, normas y procedimientos, ocho circulares y emitido 387 opiniones legales, consultas, comunicaciones o asistencias.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.