La Cámara de Diputados y el Senado de la República son las dos instancias que conforman el primer poder del Estado y ambas están cundidas de delincuentes que no tienen otra carta de presentación que haber participado en acciones al margen de la normativa jurídica nacional.
Son muchas las veces que se ha denunciado que los partidos políticos, principalmente los más grandes, se han dedicado a la fea tarea de colocar como candidatos a diputados y senadores a banqueros, es decir, dueños de bancas de apuestas, guagüeros, gaseros, entre otros personajes involucrados hasta los tuétanos con la ilegalidad.
Esta realidad permite recordar la expresión que dice que se ha puesto la iglesia en manos de Lutero.
Violadores de la ley con la facultad de también elaborarla, es decir, que mientras se dedican al lavado de activos y al narcotráfico, así como a una serie de ilegalidades más, también tienen la sagrada misión de crear, cambiar o modificar las normativas jurídicas del país.
Esa es la mejor expresión de una sociedad con una doble moral, lo cual explica que un diputado y un senador se dediquen a amenazar a los órganos que deben perseguir el delito y el crimen.
Los dos mejores ejemplos de la distorsión que sufre una sociedad que habla de avances institucionales, son el diputado y el senador de las provincias María Trinidad Sánchez y Montecristi, quienes se presentaron para impedir que se aplique la ley en contra de delincuentes consumados.
El diputado Sadosky Duarte niega los hechos que se le imputan en la actualidad y hasta pronunció un discurso estruendoso en la Cámara de Diputados para negar que haya golpeado a la agente policial en un hecho producido en Cotuí, pero en el caso de que se trate de una versión que no obedece a la verdad, el PRM debe explicar por qué lo escogió como candidato a la posición que ostenta luego de haber participado en otro hecho relacionado con drogas y que en el curso del mismo disparó a una patrulla policial y que provocó que terminara herido de muerte.
Puede alguien alegar ignorancia de estos hechos, entonces todo parece indicar que fue una decisión consciente de quién es el personaje que se presentó como candidato a diputado por el hoy partido de gobierno, por lo que cualquier cosa que pueda ocurrir no tiene justificación luego de servir de canal para que un delincuente se convierta en una autoridad nacional.
De manera, que los partidos tienen una deuda pendiente con la sociedad por exhibir un comportamiento reprochable como resultado de la impunidad que prevalece en el país, donde cualquiera se convierte en al menos obispo o general sin tomarse en cuenta su pasado.
Independiente de que haya una cierta especulación con los hechos en que aparece involucrado el diputado Duarte, si es que se le debe dar un cierto margen de credibilidad a sus palabras, la sociedad debe prepararse para pasarles facturas a los partidos políticos en lo que respecta a su comportamiento de colocar a cualquier delincuente como candidato a senador o diputado de la República.