Editorial
Convictos Delincuentes se Anidan en el Congreso Nacional.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República son las dos instancias que conforman el primer poder del Estado y ambas están cundidas de delincuentes que no tienen otra carta de presentación que haber participado en acciones al margen de la normativa jurídica nacional.
Son muchas las veces que se ha denunciado que los partidos políticos, principalmente los más grandes, se han dedicado a la fea tarea de colocar como candidatos a diputados y senadores a banqueros, es decir, dueños de bancas de apuestas, guagüeros, gaseros, entre otros personajes involucrados hasta los tuétanos con la ilegalidad.
Esta realidad permite recordar la expresión que dice que se ha puesto la iglesia en manos de Lutero.
Violadores de la ley con la facultad de también elaborarla, es decir, que mientras se dedican al lavado de activos y al narcotráfico, así como a una serie de ilegalidades más, también tienen la sagrada misión de crear, cambiar o modificar las normativas jurídicas del país.
Esa es la mejor expresión de una sociedad con una doble moral, lo cual explica que un diputado y un senador se dediquen a amenazar a los órganos que deben perseguir el delito y el crimen.
Los dos mejores ejemplos de la distorsión que sufre una sociedad que habla de avances institucionales, son el diputado y el senador de las provincias María Trinidad Sánchez y Montecristi, quienes se presentaron para impedir que se aplique la ley en contra de delincuentes consumados.
El diputado Sadosky Duarte niega los hechos que se le imputan en la actualidad y hasta pronunció un discurso estruendoso en la Cámara de Diputados para negar que haya golpeado a la agente policial en un hecho producido en Cotuí, pero en el caso de que se trate de una versión que no obedece a la verdad, el PRM debe explicar por qué lo escogió como candidato a la posición que ostenta luego de haber participado en otro hecho relacionado con drogas y que en el curso del mismo disparó a una patrulla policial y que provocó que terminara herido de muerte.
Puede alguien alegar ignorancia de estos hechos, entonces todo parece indicar que fue una decisión consciente de quién es el personaje que se presentó como candidato a diputado por el hoy partido de gobierno, por lo que cualquier cosa que pueda ocurrir no tiene justificación luego de servir de canal para que un delincuente se convierta en una autoridad nacional.
De manera, que los partidos tienen una deuda pendiente con la sociedad por exhibir un comportamiento reprochable como resultado de la impunidad que prevalece en el país, donde cualquiera se convierte en al menos obispo o general sin tomarse en cuenta su pasado.
Independiente de que haya una cierta especulación con los hechos en que aparece involucrado el diputado Duarte, si es que se le debe dar un cierto margen de credibilidad a sus palabras, la sociedad debe prepararse para pasarles facturas a los partidos políticos en lo que respecta a su comportamiento de colocar a cualquier delincuente como candidato a senador o diputado de la República.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana