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Oficial policial dice que lo usaron como chivo expiatorio cuando fue acusado de sabotear las elecciones del pasado 16 de febrero.
El coronel Guzmán Peralta mientras era sometido por la Policía (ARCHIVO)
El miembro del equipo de seguridad del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, el coronel Guzmán Peralta, manifestó este domingo que el Gobierno montó una trama para utilizarlo como “chivo expiatorio” con el fin de acusar al aspirante opositor como autor intelectual del supuesto sabotaje de las elecciones fallidas del 16 de febrero.
Fue acusado del hecho junto a Manuel Antonio Regalado, técnico de la telefónica Claro.
El oficial de la Policía Nacional manifestó en una entrevista con la periodista Edith Febles que el costo que le ha generado moral y profesionalmente a él y su familia, ha sido enorme.
De igual manera, acusó al Gobierno de utilizarlo para acusar a Luis Abinader, como autor del supuesto sabotaje de las elecciones municipales del 16 de febrero. “Ellos me utilizaron como chivo expiatorio, para implicar al candidato Luis Abinader y su equipo, ese era el objetivo de ellos”, dijo.
Explicó que en los interrogatorios a los que fue sometido, varias veces le cuestionaron sobre el involucramiento del candidato presidencial opositor y de miembros de su equipo. Afirmó que el técnico de Claro fue torturado, “conforme indicó el análisis médico que le hicieron al salir de la cárcel”.
En ese mismo orden, el coronel Guzmán Peralta señaló a la Procuraduría General de la República como los responsables de fabricar ese falso expediente en su contra.
“Mi comunicación con el técnico de Claro se registró de manera ilegal pues no tenía la orden de un juez de la República. Al señor Regalado, lo conocí en cumplimiento de mi deber como oficial asignado en su momento a investigación criminal. El colabora con la Policía Nacional, cuando por orden judicial, cosa que en esta ocasión no ocurrió, se investigan números telefónicos sospechosos. Es el técnico quien me llama la noche anterior a las elecciones para decirme que sospechaba que existía un intento de boicotear el proceso. Mi recomendación fue que no aceptara ninguna solicitud que considerara irregular. Eso está en la comunicación entre los dos, irregularmente obtenida por las autoridades”, agregó.
“Voy a proceder legalmente contra todos, absolutamente todos, los que dañaron mi honor, mi imagen, mi carrera, y la tranquilidad de mi familia. Mis abogados ya tienen todo listo para proceder contra todos ellos, incluyendo la Procuraduría General de la República”, indicó
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.