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Corte de Apelación mantiene en prisión a dirigente reformista José Cruz
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que preside el magistrado Ramón Horacio González Pérez, desestimó este jueves un recurso de apelación interpuesto por el dirigente reformista José Cruz, mediante el cual solicitaba la libertad “pura y simple” para librarse de los tres meses de encierro preventivo que le impusiera un juez por alegada violación de la Ley General de Salud a través de la alteración de etiquetas de medicamentos vencidos.
Los jueces adoptaron la decisión de manera unánime, luego de considerar que los presupuestos que sustentan y motivaron la orden de prisión emitida en su contra, por vender medicamentos ya vencidos con las fechas alteradas, “no han variado en nada”.
En la audiencia, los representantes del Ministerio Público, el procurador de la Corte, Bienvenido Ventura Cuevas, el fiscal adjunto Luis González y el representante legal del Ministerio de Salud Pública, Leonel Benzant Gómez, pidieron al tribunal que negara la libertad de Cruz, afirmando que existía peligro de fuga y que el recluso podría evadir la justicia y sustraerse del proceso.
“Dada la gravedad de los hechos, en la que se puso en juego la salud de quién sabe cuántas personas, poner libertar al imputado constituye un serio riesgo, porque está latente el peligro de fuga, toda vez que el proceso investigativo aun está abierto y se está tratando de determinar si alguna persona falleció por el uso de esos medicamentos alterados”, dijo el fiscal Luis González.
En iguales términos se pronunció el procurador de la Corte, Benzant Gómez, quien observó que la libertad de Cruz podría entorpecer el proceso e investigación que se encuentra en estos momentos en manos de juez de instrucción, que será quien deberá instruir el proceso.
En tanto que la barra de la defensa del dirigente reformista, encabezada por los juristas Pedro Duarte Canaán y Tomás Castro, expusieron que su cliente es inocente, porque éste no fabrica medicamentos y que sólo era un simple suplidor del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE).
“En ese caso, se trata de una persecución política, de un daño a la imagen de José y una lucha de intereses orquestada por dirigentes del partido de gobierno que buscan sacarlo del negocio y al mismo tiempo, existe una persecución política contra Cruz, dentro de su propio partido, donde ganó una diputación que le fue robada”, declaró Duarte Canaán, quien añadió que el imputado sufre de diabetes e hipertensión.
El dirigente PRSC fue arrestado el martes 19 de noviembre por las autoridades, luego de un reportaje presentado por la periodista Nuria Piera, donde se observa un grupo de jóvenes cambiando las etiquetas a unos medicamentos vencidos y colocando nuevas para luego comercializarlos.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.