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No ha lugar a favor de dos vinculados en red de César el Abusador
Santo Domingo.-Fue rechazado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Publico ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en contra de la sentencia del Segundo Juzgado de la Instrucción que favoreció a dos imputados y sus empresas con un auto de no ha lugar a su acusación en la desmantelada red de lavado de activos del narcotraficante César Emilio Peralta «el Abusador».
La Corte, integrada por los jueces Luis Omar Jiménez Rosa (presidente), Teófilo Andújar y Delio Germán, dijo que no se verificó los vicios que arguyó el Ministerio Público sobre la decisión de la jueza Patricia Padilla que entre julio y agosto del año pasado liberó a Genri Daniel Santana Badía, Biancis Evangeline Castellanos Miranda y sus empresas Acción N.B. y Estévez Álvarez y Asociados, respectivamente, de la acusación del Ministerio Público por insuficiencia de pruebas.
En aquel momento, la magistrada Padilla determinó que el hecho atribuido por la Unidad Antilavado de Activos de Procuraduría General de la República no era constitutivo de ninguna infracción penal, en vista de que no existían elementos de pruebas que fundamentaran los cargos formulados de violar la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos.
El abogado Julio Cury, quien representó en la audiencia a los recurridos dijo que demandará al ex titular de la Procuraduría Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Luis González, quien fue destituido de su cargo el pasado 14 de septiembre de 2021. En su lugar fue designada la magistrada Ramona Nova.
«La violación a la Ley No. 155-17 atribuida a Santana Badía y Castellanos Miranda apenas tuvo lugar en la febricitante sesera de Luis González, destituido titular de la Procuraduría Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Ambos fueron imputados por una suerte de carambola para favorecer personas que indudablemente blanquearon capitales y que, misteriosamente, fueron excluidas de la acusación… los daños antijurídicos que se les ocasionaron serán oportunamente indemnizados por sentencia del Tribunal Superior Administrativo», adelantó Cury.
El jurista es de la opinión de que la facultad de que dispone el Ministerio Público para acusar «no puede ser entendida como un verso libre ni un cheque en blanco, sino que debe ejercerse con prudencia, objetividad, razonabilidad y sentido de justicia», que para Cury no ocurrió en cuanto a Santana Badía, Castellanos Miranda ni las empresas que resultaron acusadas.
¿Caso termina?
El Ministerio Público podría recurrir nuevamente esta decisión con un recurso de casación, si decide no hacerlo, el proceso judicial contra Santana Badía y Castellanos Miranda termina.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.