Más Noticias
Jueces se reservan fallo sobre sobre ratificación o no de asesinado de abogada.
a Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia el recurso de casación interpuesto por Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, quien busca la anulación de la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta por la muerte de la abogada Paola Languasco en 2015.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Nancy Salcedo y María Garabito, luego de escuchar las conclusiones de las partes, anunció que dará a conocer su decisión en una próxima audiencia.
En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal ratificar la condena en contra de Nepomuceno Rodríguez, mientras que su defensa pedía la anulación de la sentencia, alegando que los elementos probatorios presentados no sustentan la pena impuesta a su representado.
El crimen que conmocionó al país
El asesinato de Paola Languasco, un caso que conmocionó a la población dominicana, ocurrió en 2015.
La abogada de Puerto Plata, quien había viajado a Santiago para reunirse con Nepomuceno Rodríguez, fue encontrada 19 días después de su desaparición en una alcantarilla del residencial Los Jardines del Norte.
La autopsia reveló que el cuerpo de Languasco presentaba signos de tortura y violencia, incluyendo fracturas en un brazo y las costillas, además de dos impactos de bala.
Historial de fuga del condenado
Tras la desaparición de la jurista, Ambiorix Nepomuceno Rodríguez huyó del país y se refugió en España, donde fue arrestado y procesado por tráfico de sustancias ilícitas.
A pesar de ser investigado en su país por el crimen de Languasco, fue favorecido con un permiso de salida en España, el cual aprovechó para escapar. Días después, agentes de la Europol lo recapturaron en Alemania y lo enviaron de regreso a España.
Tras cumplir una condena de tres años por narcotráfico, Ambiorix fue finalmente extraditado a la República Dominicana en noviembre de 2019, donde ha sido procesado por el crimen de Paola Languasco desde entonces.
Otros condenados por el caso
Por el asesinato de la abogada, también fueron condenados a 20 años de prisión Cristino Antonio Mármol y Lariel Alejandro Pichardo Marte. Ambos fueron hallados culpables de asociación de malhechores y complicidad con Ambiorix Nepomuceno Rodríguez.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.