Latinoamericanas
Crisis de la vivienda en Argentina por la inflación y la liberalización de los alquileres
Buenos Aires.- Argentina atraviesa una crisis habitacional, que se evidencia en la dificultad de acceso a las viviendas de alquiler, algo que es notorio en la ciudad de Buenos Aires. El precio de publicación de departamentos de dos ambientes se multiplicó por cuatro a lo largo de 2023, según cifras del gobierno de la capital. La situación se ha visto potenciada por la muy alta inflación general y por el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei en diciembre.
El decreto dejó sin efecto la ley de alquileres de 2020, que garantizaba contratos de un mínimo de tres años y que establecía, tras una modificación, actualizaciones semestrales con un índice que promediaba el aumento de los salarios y de la inflación.
Para los propietarios e inmobiliarias, el decreto ayudó a abrir el mercado, pero para los inquilinos ha significado un incremento en los precios, que algunos fueran fijados en dólares, algo que estaba prohibido antes, y una modificación en los plazos y formas de actualización de la renta a pagar.
En diciembre de 2023 Romina Mamani, una docente de 43 años, se enteró de que la renovación del contrato que había apalabrado con la propietaria del departamento que alquila y en el que vive con su hijo de 15 años, ya no regía. Para firmar uno nuevo iba a tener que aceptar un 25% de aumento por encima de lo que había acordado originalmente.
Dijo que no y se puso a buscar alternativas. «No encontré nada, y todo lo que era por la zona o aledaño eran números exorbitantes, precio moneda extranjera, dólar, y regulado por IPC», dice a RFI.
El IPC es el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación. Si un alquiler aumenta según ese índice es difícil, por no decir imposible, que Mamani pueda sostenerlo con su sueldo de docente, especialmente cuando la inflación en Argentina ya es del 211 % anual.
«Hay una situación gravísima, de contratos muy cortos para vivienda, de tres meses, seis meses, un año, aumentos de entre el 300 y el 500 %», explica Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una organización de la sociedad civil que busca proteger los derechos de aquéllos que alquilan una vivienda, como Romina Mamani.
Para Muñoz, el decreto de necesidad y urgencia, mediante el que el gobierno dio libertad de negociación en el mercado de alquileres, ha ido en detrimento de los inquilinos.
Los propietarios aplauden la medida
Sin embargo, propietarios e inmobiliarias consideran que el decreto fue positivo. Claudio Vodanovich, secretario general de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios y ex secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, cree que, gracias al decreto, el mercado se estabilizará y aumentará la oferta.
«Va a producir, por un lado, el descenso de los precios, la posibilidad del inquilino de poder optar entre distintas alternativas para su vivienda, y también el acomodamiento de los precios«, asegura.
Por ahora, ésta no ha sido la experiencia de Romina Mamani, que no encontró otro lugar para vivir que pueda pagar y cuando quiso volver a aceptar la oferta de la propietaria, se encontró con que la única alternativa que le daba era firmar un convenio de desalojo.
Un convenio por el que tiene garantizada la vivienda hasta junio de 2024, pero cuando llegue ese mes deberá irse del departamento.
«Yo estoy buscando, y mis contactos también están buscando. El tema es que encuentre a alguien que no me pida una locura y por eso me dijeron que espere», nos cuenta.
Hasta entonces el Congreso o la Corte Suprema podrían rechazar el decreto y que vuelva a entrar en vigencia la Ley de alquileres de 2020. También puede ser que el decreto quede vigente.
En cualquiera de los casos, si la inflación sigue siendo tan alta, las condiciones que encontrarán Romina Mamani y otros que están buscando vivienda para alquilar seguirán siendo complicadas.
BOGOTÁ.- Excancilleres de diez países de América Latina expresaron su «pleno respaldo» a la posición de Panamá sobre el canal interoceánico, que consideran un «activo estratégico», tras la queja del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que exigirá su devolución si no se reducen las tarifas que se cobran para su tránsito.
Así lo manifestaron en un comunicado divulgado este domingo en el que validan la postura del Gobierno y el pueblo panameño «en su firme afirmación de que la soberanía e independencia de Panamá sobre el canal interoceánico no son negociables».
«Es indiscutible que la República de Panamá y su gente han gestionado el Canal con responsabilidad, garantizando su aporte al comercio marítimo internacional y al desarrollo económico global, lo cual constituye un símbolo de autonomía y orgullo latinoamericano», señalaron los firmantes, entre quienes se encuentran los excancilleres panameños José Miguel Alemán, Ricardo Alberto Arias, Samuel Lewis, Erika Mouynes e Isabel de Saint Malo.
El comunicado recuerda que «los Tratados Torrijos-Carter, firmados entre Estados Unidos y Panamá en 1977 (…) establecieron un cronograma para la transferencia del Canal y sus áreas adyacentes al control panameño» que se concretó hace 25 años, el 31 de diciembre de 1999.
«Este acuerdo histórico fue el resultado de una prolongada y decidida lucha del pueblo panameño, apoyada por una amplia solidaridad internacional», señalan los firmantes.
Igualmente reafirman su «solidaridad con Panamá y su pueblo, apoyando su legítima defensa de la soberanía sobre este valioso activo estratégico».
El documento lleva también la firma de los excancilleres María Ángela Holguín y María Emma Mejía (Colombia); Jorge Castañeda, José Antonio Meade, Claudia Ruiz Massieu y Bernardo Sepúlveda Amor (México).
Igualmente los suscriben los exministros de Relaciones Exteriores chilenos Mariano Fernández, Alejandro Foxley, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Ignacio Walker y José Miguel Insulza, este último también exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Completan la lista de firmantes los excancilleres Luis Gallegos (Ecuador); Diego García Sayán (Perú); Manuel A. González y Roberto Tovar Faja (Costa Rica); Eladio Loizaga y José Antonio Moreno Rufinelli (Paraguay); Susana Malcorra (Argentina); Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Aloysio Nunes (Brasil).
Los comentarios de Trump sobre el Canal de Panamá causaron un revuelo mayúsculo a finales de diciembre al amenazar con recuperar esa vía interoceánica si no se reducen las tarifas que cobran al comercio de Estados Unidos para transitarlo.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha sido enfático al defender la soberanía de su país sobre el Canal y señalar que los peajes no se van a bajar porque «no se hacen al antojo de los presidentes (de Panamá) y del administrador» de la vía sino que se fijan en un «proceso público y abierto» en el que participan clientes y otros actores.
TEGUCIGALPA.- Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Honduras ratificaron su compromiso con la democracia y el respeto a la Constitución, tras la detención del exgeneral Romeo Vásquez, artífice del golpe de Estado de 2009.
Vásquez, quien encabezó el 28 de junio de 2009 la asonada militar contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue arrestado este domingo junto a otros dos ex altos cargos por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves contra una manifestación pacífica en julio de ese año.
En un comunicado emitido por su Estado Mayor Conjunto, las FF.AA. aseguraron que no habrá más golpes de Estado en este país centroamericano y reafirmaron su compromiso con la democracia y la Constitución.
«Rechazamos de manera categórica cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales», remarca el texto.
La institución castrense afirmó que las nuevas generaciones de oficiales están firmemente comprometidas con el respeto al marco legal de la nación, y reconoció la importancia de aprender de la historia y de fortalecer la institucionalidad.
El respeto a la Constitución de la República y los derechos humanos son pilares fundamentales en el cumplimiento de nuestra misión, subrayó el escrito.
«Reiteramos que, en cumplimiento al mandato constitucional, por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución militar serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo», reza el comunicado.
El comunicado fue difundido tras la captura de tres antiguos miembros de las FF.AA., involucrados en graves violaciones de derechos humanos durante las protestas pacíficas contra el golpe de hace 15 años.
Los detenidos están acusados de ser responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Murillo y Alex Zavala, simpatizantes que permanecían en los alrededores del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, a la espera del retorno al país de Zelaya.
Latinoamericanas
Machado convoca a los venezolanos a las calles un día antes de la investidura presidencial
La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a «todos» a salir a las calles de Venezuela y del mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el líder antichavista Edmundo González Urrutia prometen asumir.
«Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista», manifestó Machado en un audio publicado en X.
Pidió salir «llenos de confianza» porque -subrayó- «Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás».
«Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo», dijo la exdiputada, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su seguridad.
Machado y la mayor coalición opositora sostienen que González Urrutia es el ganador de las presidenciales del 28 de julio, por lo que reclaman que este triunfo sea reconocido, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro.
Entretanto, el líder opositor -exiliado desde septiembre en España- reitera que viajará a Venezuela para asumir la Presidencia y, como paso previo, se encuentra en una gira internacional, que ya lo ha llevado a Argentina y Uruguay, en busca de apoyos.
Mañana, lunes, será recibido en Estados Unidos, donde espera reunirse con el presidente Joe Biden.
Mientras, la Fiscalía mantiene una orden de detención contra González Urrutia y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.
El Gobierno de Venezuela desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de «garantizar la paz» de cara a la toma de posesión de la Presidencia.
acento.com.do