Nacionales
Critican que élites partidarias quieran elegir candidatos sin control de la JCE
SANTO DOMINGO. Expertos en campañas políticas, juristas y dirigentes políticos criticaron ayer que haya élites en esas organizaciones que busquen elegir a candidatos en base al dinero y sin el control de la Junta Central Electoral en las primarias.
En un seminario realizado ayer sobre participación en los partidos políticos y la constitucionalidad o no de las primarias abiertas, el experto argentino Carlos Fara afirmó que las primarias abiertas promueven la democratización de las organizaciones y dan la oportunidad a los votantes no afiliados de favorecer a un candidato que quieren que compita en las elecciones generales.
En el evento, realizado por la Fundación Equidad en la Universidad Iberoamericana, Fara señaló como aspecto negativo que el Estado debe duplicar recursos porque son dos campañas y las primarias se convierten en la primera vuelta para los partidos.
Eddy Olivares, exmiembro de la Junta Central Electoral y vocero del expresidente Hipólito Mejía, aseguró que las primarias cerradas mantendrían el control de las candidaturas en manos de las oligarquías partidarias.
“La clave para el éxito de las primarias de los partidos es contar con un padrón confiable, y el único padrón que reúne esta condición es el de la Junta Central Electoral”, expresó.
Olivares sostuvo que las primarias abiertas, reguladas por la Junta Central Electoral, son más participativas que las demás y permiten que se escojan los candidatos que gozan de mayor simpatía entre los ciudadanos.
Señaló que el principal cuestionamiento a las primarias abiertas “reside en el mito de que otros partidos pueden conducir a sus afiliados, como mansas ovejas, hasta las urnas del partido contrario para influir en las primarias a favor de los candidatos más fáciles de ser derrotados en las elecciones.
El dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfatizó en que para solucionar esta preocupación “tenemos la simultaneidad de las primarias”.
De su lado, el politólogo Ricardo Pérez Fernández señaló que lo que está afectando al sistema de partidos es el dinero ha “secuestrado la política en la República Dominicana”.
Pérez Fernández criticó que la participación política en el país “es un privilegio del que puede y no un sacrificio del que puede, y las primarias abiertas sólo agravarían el problema del dinero en la política porque bajo esta modalidad la evidencia empírica demuestra que tiende a empeorar el clientelismo y la compra de votos”.
Manifestó que las primarias abiertas aumentarían los costos para el proceso y las campañas electorales tendrían que ser más abarcadoras y extensas.
El jurista José Alejandro Ayuso, presidente de la Fundación Equidad, resaltó que 58% de las personas se definen como independientes de los partidos políticos, alejamiento que se atribuye al descrédito de los dirigentes políticos y la falta de democracia interna en los partidos.
Ayuso manifestó que la celebración de primarias es vista como una garantía de cambiar de la oferta oligárquica a la oferta democrática, por lo que recomendó que se hagan con el control de la Junta Central y con un padrón depurado.
Precisó que el tratadista español Pérez Moreno definió la modalidad de primarias “semicerradas” en las que pueden participar afiliados y no afiliados, con el único limite de que los participantes en esas primarias no pueden estar afiliados o participar en el proceso interno de otros partidos.
Al seminario asistieron legisladores, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez, y el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien afirmó que aunque es partidario de la celebración de las primarias con padrón abierto, cualquier decisión que se tome debe hacerse conforme a lo establecido en Constitución y las leyes dominicanas que tratan sobre esa materia.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.