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Critican que élites partidarias quieran elegir candidatos sin control de la JCE
SANTO DOMINGO. Expertos en campañas políticas, juristas y dirigentes políticos criticaron ayer que haya élites en esas organizaciones que busquen elegir a candidatos en base al dinero y sin el control de la Junta Central Electoral en las primarias.
En un seminario realizado ayer sobre participación en los partidos políticos y la constitucionalidad o no de las primarias abiertas, el experto argentino Carlos Fara afirmó que las primarias abiertas promueven la democratización de las organizaciones y dan la oportunidad a los votantes no afiliados de favorecer a un candidato que quieren que compita en las elecciones generales.
En el evento, realizado por la Fundación Equidad en la Universidad Iberoamericana, Fara señaló como aspecto negativo que el Estado debe duplicar recursos porque son dos campañas y las primarias se convierten en la primera vuelta para los partidos.
Eddy Olivares, exmiembro de la Junta Central Electoral y vocero del expresidente Hipólito Mejía, aseguró que las primarias cerradas mantendrían el control de las candidaturas en manos de las oligarquías partidarias.
“La clave para el éxito de las primarias de los partidos es contar con un padrón confiable, y el único padrón que reúne esta condición es el de la Junta Central Electoral”, expresó.
Olivares sostuvo que las primarias abiertas, reguladas por la Junta Central Electoral, son más participativas que las demás y permiten que se escojan los candidatos que gozan de mayor simpatía entre los ciudadanos.
Señaló que el principal cuestionamiento a las primarias abiertas “reside en el mito de que otros partidos pueden conducir a sus afiliados, como mansas ovejas, hasta las urnas del partido contrario para influir en las primarias a favor de los candidatos más fáciles de ser derrotados en las elecciones.
El dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfatizó en que para solucionar esta preocupación “tenemos la simultaneidad de las primarias”.
De su lado, el politólogo Ricardo Pérez Fernández señaló que lo que está afectando al sistema de partidos es el dinero ha “secuestrado la política en la República Dominicana”.
Pérez Fernández criticó que la participación política en el país “es un privilegio del que puede y no un sacrificio del que puede, y las primarias abiertas sólo agravarían el problema del dinero en la política porque bajo esta modalidad la evidencia empírica demuestra que tiende a empeorar el clientelismo y la compra de votos”.
Manifestó que las primarias abiertas aumentarían los costos para el proceso y las campañas electorales tendrían que ser más abarcadoras y extensas.
El jurista José Alejandro Ayuso, presidente de la Fundación Equidad, resaltó que 58% de las personas se definen como independientes de los partidos políticos, alejamiento que se atribuye al descrédito de los dirigentes políticos y la falta de democracia interna en los partidos.
Ayuso manifestó que la celebración de primarias es vista como una garantía de cambiar de la oferta oligárquica a la oferta democrática, por lo que recomendó que se hagan con el control de la Junta Central y con un padrón depurado.
Precisó que el tratadista español Pérez Moreno definió la modalidad de primarias “semicerradas” en las que pueden participar afiliados y no afiliados, con el único limite de que los participantes en esas primarias no pueden estar afiliados o participar en el proceso interno de otros partidos.
Al seminario asistieron legisladores, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez, y el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien afirmó que aunque es partidario de la celebración de las primarias con padrón abierto, cualquier decisión que se tome debe hacerse conforme a lo establecido en Constitución y las leyes dominicanas que tratan sobre esa materia.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.