Nacionales
La inseguridad ciudadana desde la perspectiva de los candidatos alternativos.
Santo Domingo, R.D.-Los cuatro candidatos presidenciales plantearon este miércoles durante el llamado «Verdadero Debate» la creación masiva de empleos, redistribución de riqueza y múltiples reformas para combatir la inseguridad.
Estas respuestas fueron emitidas luego de que a los aspirantes se les preguntó “¿cuáles aspectos debe contener un plan de seguridad ciudadana que realmente garantice la paz y vida de las personas?”.
La primera en responder fue la candidata del partido Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, quien aseguró que la inseguridad es la principal preocupación de las familias dominicanas, afirmando que se debe abordar en tres niveles: a largo plazo, a mediano plazo y en lo inmediato.
Fotografía muestra a Virginia Antares, de Opción Democrática (OP).GLAUCO MOQUETE
Afirmó que a mediano y largo plazo la única forma de reducir la inseguridad es disminuir la desigualdad social que existe en el país, indicando que su solución para este problema es introducir un cambio en la política salarial, a fin de que los ingresos de los dominicanos aumenten progresivamente a través de los años.
También propuso una reforma educativa, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de la juventud dominicana.
En cuanto a lo inmediato, resaltó la necesidad de una “reforma profunda” a la Policía Nacional y al Poder Justicia dominicano. La primera incluiría una depuración de las filas de la uniformada, mientras que la segunda estaría orientada a minimizar el tiempo de espera del sistema judicial.
La segunda en tomar la palabra fue María Teresa Cabrera, del Frente Amplio.
La candidata presidencial del partido Frente Amplio, María Teresa CabreraGLAUCO MOQUETE
Cabrera aseguró que el problema de inseguridad en República Dominicana es uno de los muchos males que afectan a la sociedad que, en su opinión, provienen en su mayoría de un flagelo: la concentración de riquezas.
Afirmó que con una redistribución adecuada de las riquezas, junto a servicios públicos más eficientes, una buena estrategia de inclusión social y una depuración de las instituciones que combaten el crimen, se puede aumentar el nivel de seguridad en el país.
Luego de esta respuesta le llegó el turno al aspirante de Patria Para Todos, Fulgencio Severino.
El candidato presidencial del partido Patria Para Todos, Fulgencio SeverinoGLAUCO MOQUETE
El aspirante presidencial dijo que tiene un plan de gobierno sobre el tema de inseguridad enfocado alrededor de 5 ejes.
El primero de estos ejes gira en torno a garantizar el acceso a un empleo y salario digno; el segundo consiste en desarrollar un mayor y mejor acceso a la educación para la juventud del país.
Asimismo, indicó la necesidad de garantizar mejores condiciones de las comunidades de República Dominicana.
En cuarto lugar abogó por la modificación del sistema penitenciario, indicando que su plan contempla principalmente la rehabilitación de los internos y su posterior reinserción en la sociedad.
Finalmente, destacó la imperiosidad de combatir la “narcopolítica”, afirmando que el narcotráfico y microtráfico son una de las causas principales de la alta inseguridad en los barrios.
El candidato presidencial de GenS, Carlos PeñaGLAUCO MOQUETE
Al final le tocó a Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores (GenS). Indicó que, de acurdo a estudios realizados, la razón principal de la inseguridad en el país se debe al alto nivel de desempleo, por lo que aseguró que pretende crear 500 mil empleos durante cada año de su Gobierno, si resulta ser elegido.
Explicó que para crear estos empleos eliminará el Impuesto Sobre la Renta, para crear más trabajos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.