Cuanto duele la precaria institucionalidad de la Nación.

Por José Cabral

La precaria o deficiente institucionalidad provoca situaciones sencillas, pero también complejas en toda la sociedad, porque la misma impacta tanto arriba como abajo.

Hace un par de días que delincuentes penetraron al sótano del Palacio de Justicia de Santiago Federico Carlos Alvarez y cargaron con las tuberías de los aires acondicionados del lugar donde está la sede del órgano encargado de la persecución del crimen y el delito de la zona.

Este hecho debe verse no sólo desde la perspectiva de que un par de desaprensivos cometen un robo en la propia sede del órgano que debe procesarlos cuando ocurren cosas como ésta, pero además donde operan los que tienen la responsabilidad de aplicar la ley a aquel que la viola, sino también como parte de un problema de fondo que padece la sociedad y el Estado dominicanos.

Este atrevimiento no se trata de cualquier acción delincuencial, sino además de no sentir ningún tipo de temor o respeto por la autoridad competente por los hechos cometidos, ya que allí tienen su sede quienes tienen la obligación de castigar a los desaprensivos responsables del robo.

El asunto es más grave de lo que cualquier persona pueda pensar, ya que el problema estriba en que el Ministerio Público es tan superficial e irresponsable con sus funciones estatales, cuyos actores no tienen la autoridad y la eficiencia para impedir que les roben en sus propias caras, que toleran cualquier cosa como resultado de su incapacidad y dejadez.

La gente no se imagina el impacto de este problema en toda la vida nacional, pero que además hechos como éstos mandan el mensaje de que el país se ha vuelto tierra de nadie.

Y exactamente es así, porque en el país el Ministerio Público hace esfuerzos, grandes esfuerzos, podría decirse, de perseguir los crímenes y delitos que se cometen en contra del patrimonio público, pero no tiene ninguna vocación de disminuir lo ocurre en la parte más baja de la sociedad.

El hecho de que la gente sepa que los fiscales y los jueces no actúan con la diligencia debida, entonces la consecuencia no va a ser otra que los delincuentes, sobre todo los de baja monta, con toda la libertad y la tranquilidad de que no tendrán ninguna sanción, penetren a los lugares más sagrados del Estado como son los centros donde ellos mismos serian procesados.

Lo cierto es que sea por vagancia, por irresponsabilidad, por negligencia o por complicidad los fiscales de todo el país actúan con un descuido que destruye la poca o ninguna confiabilidad e institucionalidad que tiene la nación.

Por esta razón el delincuente de bajo monta y mucho menos el de cuello blanco tiene algún temor de que pueda caer preso por sus acciones, porque definitivamente el problema no es tan sencillo, sino que se trata de un asunto sistémico, cuya solución requiere de grandes y fuertes medidas institucionales que el país no tiene.

En consecuencia, los delincuentes cada día perderán el miedo de robar hasta en las casas de los fiscales, de los jueces e incluso del presidente de la República, que es mucho decir.

Si en el curso de los años la República Dominicana no mejora sus niveles de institucionalidad y que en consecuencia establecería un régimen de consecuencia, entonces podría ser que el país este ante el escenario de un segundo Haití, donde el Estado existe de derecho, pero no de hecho y producto de esa anormalidad la delincuencia se convierta en un fenómeno institucionalizado y tolerado por todo el mundo, sin importar los espacios en la que se produzca.

Lo peor del problema es que nadie alcanza a ver lo que ocurre en la parte más baja de la sociedad, donde el Estado prácticamente desaparece y el delincuente puede más que el buen ciudadano, cuyo mejor ejemplo es el robo que se ha cometido en la propia sede del lugar desde donde se supone que se debe impartir justicia.