Más Noticias
Diputados vinculados al bajo mundo van a sus labores en el Congreso
En espera de cuál será su suerte, los cuatro diputados supuestamente vinculados al crimen organizado acuden normalmente a sus curules, mientras no hay fecha fija para el que el juez de Instrucción seleccionado por la Suprema Corte de Justicia inicie su trabajo sobre este caso.
Rosa Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Feliz Feliz, de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicano (PRD) asisten a las sesiones y a las reuniones de comisiones, mientras algunos aprovechan para vacacional en familia.
Los congresistas, según la Procuraduría General de la República, están implicados en dos expedientes que tiene a su cargo el juez de instrucción especial Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.https://a56b6a53bf3fee8177c645588e419123.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Marmolejos Gil, Feliz Feliz (PRD) y Guerrero Cabrera figuran en el caso de la red de lavado de activos del narcotráfico que fue desmantelada bajo el nombre de Operación Falcón, la que involucra a más de 27 personas.
Regístrate para vivir una experiencia personalizada de consumo de contenidos.Registrarse en MiDL
El expediente establece que uno de los cabecillas de la red de narcotráfico habría financiado por completo la campaña electoral del diputado perremeísta por Santiago, Marmolejos Gil. Supuestamente Erick Randhiel Mosquea Polanco (prófugo) invirtió, tan solo el día de las elecciones, más de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000.
Entre los demás imputados están: María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
El 16 de septiembre de este 2021, la Suprema designó al magistrado Estévez Lavandier para conocer las imputaciones en contra tres de los diputados. El seis de julio del mismo año hizo lo propio con la legisladora Rosa Amalia Pilarte López.
Mientras que Pilarte (PRM) está acusada de movilizar en el sistema financiero nacional más de RD$7 mil millones en los últimos años, junto a su esposo e hijos, quienes tienen como medida de coerción impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.
Corresponde a la SCJ conocer los casos de los legisladores, debido a que gozan de inmunidad parlamentaria. El artículo 86 de la Constitución de la República establece que: “Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.De la lista y asistencia
Los cuatro legisladores estuvieron presentes en la sesión de este martes 23 de noviembre y, conforme al Sistema de Información Legislativa, siguen activos en las comisiones a las que pertenecen.
A las sesiones de este mes también han asistido y cuando no, remiten excusas.
La familia de Pilarte, según recogen las redes sociales, disfrutó recientemente de unas vacaciones en un centro turístico de Punta Cana, al Este del país. Una fotografía muestra a los imputados con los dispositivos electrónicos colocados en los tobillos.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
Más Noticias
Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.