Comunidad en el exterior
Cuatro dominicanos acusados de narcotráfico en Puerto Rico
Se trata de Manuel Liriano, José Pena, Jonathan Martínez y José Ramón Vicente
La jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, señala en un comunicado que los sujetos, identificados como Manuel Liriano, José Pena, Jonathan Martínez y José Ramón Vicente, trataron de introducir el cargamento a través de las playas de Dorado, distrito de la costa norte de la isla.
La funcionaria, que no detalló la fecha en que se produjeron las detenciones, dijo que Liriano y Pena fueron declarados además culpables de reincidencia en el intento de entrar ilegalmente en territorio estadounidense.
Una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos efectuó las detenciones de los dominicanos a unos 10 kilómetros de la costa de Dorado cuando los presuntos narcotraficantes iban a desembarcar el cargamento, que estaba distribuido en 6 paquetes, en una playa de ese distrito del norte de Puerto Rico.
Rodríguez-Vélez destacó que en las próximas semanas se conocerá la condena de los narcotraficantes, que debido a la presión de las autoridades federales sobre la costa oeste de Puerto Rico han desviado la ruta de entrada de la droga hacia el norte, en especial hacia Dorado.
Las autoridades federales estadounidenses informaron la pasada semana del aumento de medios que se destinarán para combatir el narcotráfico en Puerto Rico.
BOSTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un dominicano en medio de un juicio en el Tribunal Municipal Central de Boston.
Juan Carlos Báez (también conocido como Wilson Martell-Lebron), de 49 años, tiene condenas previas por tráfico de drogas y se encuentra ilegal en el país.
Báez (o Martell-Lebron) era juzgado por proporcionar información falsa en una solicitud para obtener una licencia de conducir.
La oficina del fiscal de distrito dijo que después de enterarse de la detención de Báez, «solicitaron su regreso a la corte» del ICE.
El juez Mark Summerville desestimó los cargos contra Báez y declaró en desacato al agente que realizó el arresto en pleno juicio.
“Este es un caso inquietante”, afirmó el magistrado. “Es un caso de obstrucción a la justicia. Es un caso de violación del derecho del acusado a estar presente en el juicio y a confrontar a los testigos de cargo. No podría ser más grave”, expresó Summerville.
Un fiscal adjunto admitió ante el tribunal que era consciente de la presencia de agentes de ICE fuera del edificio judicial, pero negó haber colaborado con ellos o haberles proporcionado información sobre el caso.
El ICE no reveló por qué lo detuvo en pleno juicio. El sujeto fue llevado a un centro de detención en Plymouth.
NUEVA YORK.- La familia de Bryant Rojas Valdez, un dominicano con discapacidad mental, solicitó la ayuda de la comunidad y de las autoridades para localizar al joven desaparecido desde el 18 de marzo.
Explicaron que la condición especial de Rojas Valdez, de 26 años, hace que su búsqueda sea aún más urgente y prioritaria.
La familia organizó una rueda de prensa en la que ofrecerán detalles sobre la desaparición, las acciones emprendidas hasta el momento y formas en que la comunidad puede colaborar.
Para más información, llame a Grecia Valdez al (347) 499-3656.
BOGOTA.- Las autoridades de Colombia capturaron a tres colombianos, entre ellos un funcionario público, que hacían parte de una red criminal que suministraba documentos falsos a migrantes dominicanos para que pudieran viajar a Estados Unidos, informó este domingo la Fiscalía.
Los detenidos son Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, dijo el ente acusador en un comunicado.
Al tercer implicado, José María Romero, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar (norte), la Fiscalía lo acusó por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático, añadió la información.
La investigación de la Fiscalía estableció que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, la red criminal contactó a ciudadanos de República Dominicana para tramitarles documentos para que figuraran como nacidos en Colombia, y así «permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales».
La Fiscalía detalló que Puentes, que supuestamente era el jefe de la red, transportaba y acompañaba a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y era el encargado de «garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos».
Romero, por su lado, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
El jueves pasado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió en Bogotá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y con su canciller, Laura Sarabia, con quienes trató asuntos migratorios y de seguridad.
Según la Presidencia colombiana, en la reunión se trataron «temas clave en la relación bilateral, incluyendo seguridad, narcotráfico, migración y la repatriación de colombianos».
En la visita, Noem subrayó que su Gobierno ayudará a Colombia a impedir que «terroristas» crucen sus fronteras y se comprometió a trabajar con las autoridades de este país en temas de «seguridad pública, narcotráfico y trata de personas».
Colombia juega un papel importante en la crisis migratoria porque la región del Urabá (noroeste) fue en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atravesaron la peligrosa selva del Darién, que marca la frontera con Panamá, en su camino hacia Estados Unidos, un flujo que casi desapareció desde el regreso de Donald Trump al poder.
La secretaria estadounidense considera que Colombia y Estados Unidos «pueden ser líderes» en seguridad regional y controles migratorios, y atraer a otros países para realizar «un esfuerzo cooperativo para abordar las preocupaciones de seguridad que todos compartimos».