Nacionales
La nación gasta RD$242 millones en 3 meses en “alquiler ambulancias”
SANTO DOMINGO.-Un contrato de urgencia de 242 millones 195 mil pesos fueron destinados por las autoridades del sector salud a través de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) para la renta de 143 ambulancias por un periodo de tres meses, sin agotar los tramites legales correspondientes, según denunció el programa de investigación periodística “Toda La Verdad”, que produce la periodista Odalis Castillo.
Resaltó que este presupuesto podría haber sido suficiente para la adquisición de un considerable número de ambulancias nuevas.
Aunque aún no se ha revelado la identidad del proveedor seleccionado, el convenio está bajo el número DAEH-MAE-PEUR-2024-0001, fechado del 25 de enero del 2024 en la página de Compras y Contrataciones Públicas.
El proceso se encuentra en etapa cerrada, pendiente de adjudicación para conocer cuál o cuáles serán los proveedores de este servicio.
Lo que inicialmente se anunció como un recurso crucial para la atención de emergencias, se ha convertido en una cuestión de preocupación pública, al revelarse un alto número de ambulancias en mal estado y fuera de servicio, dijo el programa.
Agrega que, tras un año de su creación, su funcionamiento presenta claras discrepancias entre lo anunciado y lo que realmente se evidencia en el terreno.
Sobre el DAEH, dice que se trata de una entidad que no es conocida entre pacientes que pudieran requerir sus servicios y no responde a los requerimientos de aquellos que lo solicitan.
El Programa Toda La Verdad, conducido por Odalis Castillo y que se transmite todos los domingos por VTV Canal 32, presentó un reportaje que muestra cómo la entidad creada bajo el decreto 489-22 del 24 de agosto de 2022 y dirigida por el general Juan Manuel Méndez García, quien también dirige el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se está convirtiendo en una entidad para sustentar una sorprendente nómina de más de 7 mil empleados.
En una llamada para una paciente recibir este servicio desde el Hospital Darío Contreras en Santo Domingo Este, se levnegó la asistencia alegando que sólo se atienden casos de pacientes encamados.
Este caso refleja una realidad más amplia, según la Asociación de Enfermería, en la que muchos pacientes con necesidades de movilidad no son atendidos adecuadamente.
“Al profundizar en la distribución de los recursos humanos, se observa una discrepancia alarmante entre los datos de la nómina y la realidad en el terreno. Por ejemplo, la cantidad de enfermeras contratadas en papel no se refleja en la disponibilidad real en los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, llamados CRUE, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de la nómina”, agrega el reportaje.
En cuanto a las ambulancias, se anunció una disponibilidad de 593 unidades, pero la producción del programa “Toda la Verdad” hizo contacto con varios de los CRUE, quienes revelaron que muchas de las ambulancias están en mal estado y fuera de servicio.
MAS DE 1,500 MILLONES EN UN AÑO
Los procesos de compras y contrataciones por parte de la DAEH, suman más de 1,500 millones de pesos en un año, generando interrogantes sobre la eficacia en el uso de los recursos públicos, especialmente porque 952 millones de estos fueron invertidos en compras de urgencia para productos que son de compra cotidiana por la DAEH como son ticket de combustible, bajantes y hasta catéteres.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.