Nacionales
Danilo: si no hay consenso no hay Código
emas sometidos a discusión para la reforma del Código preocupan a trabajadores.
El Presidente aseguró ayer que no debe haber intranquilidad con relación a la modificación del Código Laboral porque cualquier reforma a esa legislación será fruto del consenso entre los sectores que participan en el diálogo.“Para modificar el Código hay tres partes, esencialmente dos, que deben estar de acuerdo, que son los trabajadores y los patronos (…) Yo no sé por qué hay tanto nerviosismo, porque si no llegaron a acuerdo, pues no hay acuerdo. Le estoy hablando que esa decisión tiene que ser de consenso, hay tres partes sentadas en la mesa y cualquiera de las tres partes puede vetar”, precisó Danilo Medina al ser entrevistado a su salida de la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln.
Expresó que la comisión tripartita que estudia y revisa la pieza le entregará la parte que puedan consensuar y que él es quien tendrá la última palabra.
Afirmó que la filosofía de su Gobierno es atender a la gente y que su gestión lo único que busca es elevar las condiciones materiales de existencia del pueblo, no perjudicarlo.
“Por eso es que estoy aquí y en eso estoy. Si usted le pone atención a las políticas públicas, todas van en la dirección de mejorar las condiciones de vida de la gente, no en perjudicarla”, dijo Medina al ser cuestionado sobre los aprestos que se realizan para modificar el Código.
Algunos de los elementos puntuales a discusión para la modificación de la norma propuestos por los empleadores han dado pie a preocupaciones por parte de los trabajadores sobre todo la pretensión de extender la actual jornada laboral de 8 horas diarias, la idea de alargar el período probatorio hasta seis meses y la eliminación de la cesantía.
Reforma debe tocar al Ministerio
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó ayer porque la reforma al Código traiga consigo modificaciones en el Ministerio de Trabajo.
“Una reforma al Código tiene que traer como consecuencia una reforma a la institución y de eso no se está hablando”, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán, tras agregar que una de las cosas que más les preocupa es el Ministerio de Trabajo y la efectividad de la inspectoría que realiza. Indicó que esa cartera debe ser modernizada y que una de sus grandes limitaciones es la presupuestaria. Expresó que esta institución maneja todo lo que tiene que ver con la seguridad social y lo laboral, por lo que son muchas las responsabilidades para el presupuesto que se le asigna. “La Finjus a lo que aspira es que esta reforma sea el fruto del consenso”, manifestó.
Hoy a las 3:00 p.m., la Comisión Especial de Revisión y Actualización del Código de Trabajo, que dirige el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tiene previsto reunirse, en el Palacio Nacional, con los representantes del sector laboral y patronal para avanzar en un consenso.
“Nuestro objetivo es lograr un gran consenso social en torno a la mejor forma de dotarnos de un código moderno, que promueva el empleo formal y el desarrollo de nuestros sectores productivos. Para esto valoraremos tanto las aportaciones de los sindicatos como las de las organizaciones empresariales y de la sociedad en su conjunto”, dijo Montalvo el martes, cuando se reunió con los dirigentes de las principales centrales sindicales.
Darlenys Martinez
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.