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De la Cruz Consuegra dice nunca recibió dinero de F. Agosto
General (r) Luis Darío de la Cruz Consuegra
SANTO DOMINGO.- El general de la Policía (r) Luis Darío de la Cruz Consuegra negó haber recibido dinero del capo boricua José David Figueroa Agosto, como declaró la reclusa Sobeida Félix Morel al Ministerio Público.
En una carta eviada a un periódico local, De la Cruz Consuegra recuerda que con relación a este caso, fue ivestigado por las autoridades y salió «limpio».
A continuación el texto íntegro de su misiva:
“Señor:
Bienvenido Álvarez Vega
Director Periódico Hoy
Distinguido Señor:
Después de saludarle calurosamente, me permito dirigirle esta misiva a los fines de aclarar sobre una publicación aparecida en la edición del Periódico Hoy, que dignamente usted dirige, de fecha 05 de Enero del Año 2013. En la misma aparecen unas declaraciones de la presidiaria Sobeida Félix Morel, en la que me relaciona con el señor Figueroa Agosto, en la cual hace mención de regalos a mi persona de dólares y una jeepeta Lexus 2003, color blanco.
Debo decirle que con relación a ese señor nunca recibí dinero de esa persona, ni en moneda extranjera ni nacional, independientemente de que en mi condición de Director del comando Regional Este, de la Policía Nacional.
Con relación a la jeepeta Lexus, color Blanco, Año 2003, debo aclararle Señor Director y a través de su medio al público en general, que fue adquirida con la intermediación del excoronel Amado González y González, quien fue mi subalterno (5) meses y persona que conocí en el quehacer de la intermediación de compra y venta de vehículos.
Le expresé mi interés de comprar una Jeepeta Lexus color blanco del año 2000 al 2003, efectivamente el coronel González y González me contactó posteriormente y me comunicó que había conseguido una con las características que yo le había solicitado. Pude ver dicho vehículo y efectivamente me gustó y procedimos a consensuar el valor de compra que fue por la suma de RD$960,000.00, de esa manera fue adquirida mediante contrato de venta de fecha 16 de junio del año 2006, legalizado por el notario Bienvenido Vásquez Francisco Colegiatura No.2799 de los del Número del Distrito Nacional (El cual le anexamos).
De esta manera señor Director, quiero dejar claro ante usted y a la opinión publica en general que nada me liga con las acciones delincuenciales del Señor Figueroa Agosto, todo lo contrario, fui un Oficial Policial que comandé todas las regiones del país, excepto en San Francisco de Macorís; y ahí están los moradores y los líderes comunitarios que pueden dar fe y testimonio, de mi comportamiento en contra de la delincuencia y el narcotráfico, los que combatí con entereza y valentía en cada una de las circunstancias en que me tocó actuar, recibiendo más de 300 reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Además quiero aclarar que con relación a ese caso fuimos sometidos a interrogatorios en dos ocasiones, junto a mi abogado Doctor Francisco José Abreu Peña, en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, para la época dirigida por el Magistrado Alejando Moscoso Segarra, hoy miembro de La Suprema Corte de Justicia. Ahí depositamos todas las pruebas concerniente a la adquisición del vehículo y otros bienes que poseo. Sin otro particular por el momento, queda de usted. Cordialmente, Ing. Luís Darío De La Cruz Consuegra
Mayor General (R) P.N”.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.