Análisis Noticiosos
De satisfacciones y frustraciones
Por Juan Bolívar Díaz
Esta semana hemos celebrado acontecimientos que generan satisfacciones como la inauguración del proyecto modelo de la Nueva Barquita que rescata a mil 400 familias de la extrema vulnerabilidad y los 50 años cumplidos por la Asociación pro Bienestar de la Familia con el éxito de sus 6.5 millones de servicios ofrecidos a la población más pobre y su contribución a una mejor planificación poblacional.
Pero al mismo tiempo un nuevo informe de UNICEF vuelve a dejar el país en los últimos escalones en muertes neonatales, en embarazos y uniones sexuales de adolescentes, con graves notas de trabajo y maltrato infantil y 173 mil 300 menores de cinco años sin registro de nacimiento. Mientras otras informaciones indican que en medio año han muerto 35 madres al parir en hospitales, por causas en su mayor parte prevenibles.
Ninguna mezquindad puede evadir darle crédito al gobierno del presidente Danilo Medina por su bien concebido proyecto habitacional Nueva Barquita, con una inversión de 4 mil millones de pesos, y por la cooperación empresarial en su construcción, personalizada en José Miguel González Cuadra, con moderna visión gerencial pluridisciplinaria.
Pero al mismo tiempo hay derecho a preguntar por qué celebramos un solo proyecto de esa dimensión en una gestión de cuatro años cuando podríamos materializar muchos cada año, con una mejor planificación del gasto público, reducción de la corrupción, la malversación y el derroche y de las evasiones impositivas.
El equipo económico del PRM dijo en campaña que revisando 7 mil cuentas del Estado se podrían ahorrar 70 mil millones de pesos anuales. Asumiendo alguna exageración, y reduciéndolo a la mitad, daría para levantar nueve nuevas barquitas por año, 36 en el período de gobierno. De entrada parece mucho, pero no si se toma en cuenta lo dicho la semana pasada por el actual Jefe de la Policía Nacional, quien testimonia que sólo en la revisión de un par de renglones se ahorrará 1,200 millones de pesos por año.
El equipo gerencial, técnico y de voluntarios que durante medio siglo han sostenido a ProFamilia tiene que sentir satisfacciones por su fundamental contribución a hacer consciente la necesidad de la planificación familiar. Cuando esa institución nació en 1966 el promedio de hijos por mujer dominicana era de un irracional 8.3, y ahora es de un manejable 2.5, que permite al género femenino hacer mucho más que parir. La población nacional crecía entonces a una tasa de 3.6 por ciento, reducida ahora a 1.2.
De haberse mantenido ese crecimiento hoy nuestra población sería de 18 millones, un 80 por ciento superior. Las estadísticas de Profamilia indican que en 1975 apenas el 38 por ciento de las mujeres casadas o unidas utilizaban métodos anticonceptivos, eficientes para la planificación familiar, mientras en 2013 ascendía al 72 por ciento. Y ningún organismo público o privado ha hecho tanto por esa causa, como ProFamilia, que por cierto sólo recibe 14 millones de pesos anuales de ayuda estatal, poquito más que el “barrilito social” del senador Reinaldo Pared Pérez.
Pero la satisfacción de la planificación familiar se esfuma y da paso a la frustración con el informe de que cada día mueren 13 niños con menos de 28 días de nacidos por causas prevenibles en su mayor parte relacionadas con mala atención hospitalaria, y que en ese renglón sólo somos superados en todo el continente por Haití y Guyana.
Nuestro liderazgo continental es absoluto en proporción de niñas casadas o unidas, 11.7 por ciento antes de cumplir 15 años y 37 por ciento antes de 18 años, tasa que UNICEF considera “sólo comparable con el promedio del África Subsahariana!”, es decir la región más pobre del mundo. En alto porcentaje solas o abandonadas, excluidas y convertidas en máquinas reproductoras de la pobreza que ellas mismas sufren.
¡Cuanta frustración y tristeza producen estas revelaciones! En un país certificado con casi seis décadas de alto crecimiento económico, con expresiones de modernidad, pero en extrema desigualdad y derroche.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.